Esta mañana, ante los jueces María Fernanda García de Zuñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, declaró el titular de la Aneaes, José Duarte Penayo, como testigo en el juicio oral contra el ex legislador acusado de tener un supuesto título falso.
Duarte Penayo refirió que supo de la causa por los informes elevados a la Fiscalía. Sostuvo que anteriormente estuvo como director académico del Cones. Además, indicó que tuvo acceso al informe de intervención realizado a la universidad.
Indicó que en el documento se dejó constancia de que la carrera de Derecho nunca tuvo una implementación efectiva.
Según explicó, dicho informe fue posteriormente aprobado por el órgano colegiado del Cones. Indicó que no bastaba con la creación documental de una carrera para obtener su reconocimiento, sino que debía demostrarse que efectivamente había funcionado.
Indicó que la Ley 2529, conocida como la Ley Marcos, fue derogada en el 2010 y que en el 2013, durante el Gobierno de Federico Franco, se dictó la ley actual, por lo que el Cones, creó un catastro oficial, para de esa manera distinguir qué carreras efectivamente pueden ser reconocidas.
Dijo que no todas las carreras creadas tienen derecho a la inserción, sino solo aquellas que hayan probado fehacientemente su implementación. Remarcó que ese Catastro tuvo una duración de dos años y que entre las condiciones fácticas están todas las condiciones que tienen que ver con los documentos de la institución, Consejo Superior de la universidad.
Refirió que la rectora de la Universidad Sudamericana creó sin las normas vigentes, ya que exige fuerte documentación, horas, docentes, si tuvo infraestructura y excluye del catastro a todas aquellas carreras que no pueden demostrar.
Si no se pudo demostrar la implementación, por el catastro sino por la vía de la habilitación, y empezar de cero. Dijo que conocía muy a fondo del Cones, por declaraciones a los medios de comunicación. Además, refirió que no tenía nada personal contra el acusado, sin interés contra él, sino que tenía amplio conocimiento las normas del Cones, del Ministerio de Educación y Ciencias y de la Aneaes.
Luego fue consultado por las partes. “En mi opinión, esa carrera no existió” fue la tajante respuesta de Duarte Penayo ante la consulta de qué pasaba con los que habían cursado la citada carrera.
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Remarcó que la “estafa colectiva sigue vigente y goza de buena salud, no va a tener fin hasta que en las instituciones reguladoras estén al frente de personas independientes sin intereses creados”.
Comentó que el mayor enemigo de la autonomía universitaria no era el régimen dictatorial, sino que era la debilidad de los poderes públicos para garantizar que la universidad cumpliera con su misión, esquema de tráfico sistemático de títulos, simulación de carreras, por su debilidad.
Se le preguntó también sobre si la destrucción del historial académico, era un ejercicio de autonomía universitaria, a lo que refirió: “No. En absoluto”, Refirió que no había ninguna ley expresa que habilitaba a eso. Además, argumentó que “eso generaría un caos para situaciones legítimas de estudiantes que hayan cursado esa carrera, como el propio acusado podría habilitar el registro de título. No puede tener ninguna legitimación”.
Bajo el marco de la Ley 2529, se podían crear carreras de manera directa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el acto. Lo que la intervención cuestiona fue un acto unilateral de la rectora, sí puede, pero aún existe un marco, con toda esa permisibilidad no es una carta para hacer lo que uno quiera y que están en la ley de universidades del 93.
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Acotó que lo más fuerte para él era que por las normas posteriores, era ilegítimo recurrir del principio de no retroactividad, ya que se evidenciaron la no implementación de esa carrera, y por eso el Cones intervino. “No hubo una habilitación correcta bajo el marco normativo de la Ley Marcos. La intervención del Cones evidencia la irregularidad”, dijo.
Indicó también que el registro de títulos requería determinadas condiciones. Aclaró que la Universidad Sudamericana sí creo carreras reconocidas tales como Enfermería y Medicina, que llegaron a ese estatus porque estaban ajustadas a la ley vigente y era un hecho consolidado. “La carrera de Derecho nunca fue consolidada”, manifestó.
Se le consultó si se podía intuir dónde cursó su carrera una persona por los certificado de estudios, específicamente en la sede de Luque, dijo que no. También aclaró sobre las entrevistas que dio donde había señalado que para él, Rivas no era abogado, porque consideraba inexistente la carrera de Derecho, sino que fue solo declarativa, ya que nunca se pudo demostrar documentalmente.
Además, aseguró que era necesario figurar en el Catastro del Cones para que el MEC pudiera expedir los títulos ante la consulta de la defensa, sobre si era necesario realizar ese trámite, ya que la carrera de Derecho ya no iba a ser ofrecida por la Universidad Sudamericana.
Aclaró que eso era responsabilidad de la universidad, ante la consulta si eso era responsabilidad del alumno, sino que era una cuestión institucional.
Finalmente, también aclaró algunas cuestiones al Tribunal de Sentencia, específicamente sobre la documentación que debía remitir la universidad al Cones.
