Durante las deliberaciones sobre la destitución o no del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, legisladores de Yo Creo acusaron que todo fue un plan orquestado por el cartismo dentro de la línea de copamiento y persecución que manejan desde hace tiempo.
“Estamos asistiendo a una operación política con fachada técnica y ropaje legal impulsada por el cartismo contra un adversario muy incómodo a sus intereses”, dijo el diputado de Yo Creo Walter García dirigiéndose a los colorados.
Señaló que el dictamen de la Contraloría que dio origen a esta intervención “fue un mamotreto refutado por el intendente y su equipo técnico”.
Destacó que Prieto acercó documentos en cajas, pero no fueron revisados. “Pese a los documentos, aprobaron la intervención en esta Cámara. No se obró y no se trabajó como se debía trabajar”, precisó.
“Todas las documentaciones fueron enviadas a la Contraloría, y también entregadas al interventor Ramón Ramírez. Y él mismo lo dijo, no comprobó ningún daño patrimonial. El proyecto se ejecutó a través de transferencias de fondos a una comisión y se rindió cuentas a la ciudadanía”, resaltó.
Agregó que hay algunas cuestiones que el interventor ha ignorado, “por ejemplo, posiblemente se olvidó de que en el año 2020 y 2021 estábamos en pandemia y por ley se establecieron medidas presupuestarias y administrativas excepcionales”, dijo.
Indicó que el Gobierno, en ese entonces, solicitó un préstamo multimillonario para enfrentar la crisis sanitaria, mientras que la Municipalidad de Ciudad del Este enfrentó la crisis sanitaria con fondos propios y sin pedir préstamos.
“En uno de los audios difundidos, el propio interventor reconoce que el Consejo local de Salud usó más fondos en gasto de capital que en gastos corrientes, pero él no tuvo tiempo de leer lo que establece la Ley 1032”, añadió.
“Quieren echar a Miguel Prieto porque no cumplió la ley que exige un porcentaje de recaudación para gasto de capital que ningún municipio cumple, además, ignoran a propósito que la administración de Miguel Prieto aumentó su gasto de capital construyendo más de 1.300 obras en el periodo 2019 y 2023”, aseguró.
Sostuvo que invirtió 155% más en gasto de capital que cualquier otro municipio y sobre todo comparando con administraciones anteriores, “que dejaron en bancarrota con G. 385.000 millones y el propio interventor lo dijo, hoy la deuda no supera los G. 108.000 millones sin emitir un solo bono”.
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Sentenció que lo único que importa a los colorados y así como lo dijo el interventor en uno de los audios, “es matar al monstruo Miguel Prieto como sea” y lamentó que con la intervención las obras se estén atrasando, y además los funcionarios no están percibiendo sus salarios.
Pedido del presidente
El diputado Guillermo Rodríguez, también de Yo Creo, dijo que Santiago Peña dio la orden de intervenir el Municipio de Ciudad del Este y que el trámite no siguió los conductos naturales y habituales: a través del pueblo primeramente en sus reclamos, que exteriorizan esto a su Junta Municipal, y los concejales terminan solicitando.
“Nada de esto ocurrió, viene por un pedido expreso del presidente de la República, a un Congreso que hoy le responde ciega y abiertamente”, cuestionó.
“Esto hace daño, hace daño al propio Partido Colorado, les doy la más absoluta certeza”, indicó y recordó que en CDE la gente vive del comercio y “no vive de la política”.
“El día está negro para la República del Paraguay porque estamos llegando a niveles políticos impensados en los que nunca hemos estado, donde predomina el odio, la violencia política, el sicariato político. Esto está escalando en nuestras caras”, remarcó.
Seguidamente, volvió a reclamar el cierre del Sanatorio del Parque, de su familia, y comparó las instalaciones con las del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde se ven baños en mal estado. Asimismo, reveló que en su clínica son atendidos la diputada Rocío Abed, su esposo, el titular de Itaipú, Justo Zacarías Irún, y el senador Javier Zacarías Irún. “A mi papá les honra atenderles”, dijo.
“Cuando la Justicia se instrumenta solamente para unos y no para otros, no es Justicia, es tiranía, es dictadura”, remató.
“Fue escrito por otra persona”
Por su parte, el liberal Diosnel Aguilera refirió que la intervención está “mal parida” y habló de una maniobra política burda para defenestrar a un intendente electo. Se preguntó cómo los informes de la Municipalidad pasaron por los organismos de control y del Ministerio de Economía sin ser cuestionados.
“No hay objetividad ni independencia”, resaltó y sugiere que otra persona redactó el informe de la intervención. Asimismo, dijo que no hay obras fantasmas ni daño patrimonial. Agregó que se hallaron fallas de procedimiento, lo cual para cualquier auditor no reúne el principio de materialidad para concluir que toda la gestión deba ser rechazada.
A su turno, Raúl Benítez dijo que el interventor realizó el informe con el gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres.
