En el discurso de lanzamiento se señaló que los bajos niveles de educación, infraestructura deficiente y altos costos de inversión, que también alimentan el descontento social no están siendo considerados en las políticas públicas con la relevancia que se merecen. Una agenda que impulse el crecimiento deberá abordar seriamente estas brechas. De lo contrario, la región quedará estancada y no podrá atraer inversiones ni aprovechar nuevas oportunidades, como la relocalización de industrias o la economía baja en carbono.
Además de los factores anteriores, otro de los más importante es la violencia política, justamente la perpetrada por el crimen organizado, vinculada con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Este problema se ha vuelto más severo y generalizado comprometiendo los avances en la atracción de inversiones logrados por la estabilidad macroeconómica. Paraguay es uno de los países más afectados, ya que este problema no solo es grave por su profundidad, sino también porque es creciente. A pesar de su gestión macroeconómica, la inseguridad refuerza el descontento ciudadano y limita la atracción de inversiones. Lo más grave es que, para contrarrestar los efectos de la violencia, Paraguay otorga importantes beneficios fiscales para luego no tener recursos para financiar el aumento de capital humano necesario para garantizar no solo que lleguen las inversiones, sino que permanezcan y generen empleos decentes.
Entramos así a un círculo perverso muy difícil de salir y que deja resultados positivos solo para una mínima proporción de personas, mientras el país y la población pierden por innumerables vías: Inequidad tributaria, empleos precarios, competencia desleal, inseguridad ciudadana, gasto público en cárceles y en un sistema de Justicia altamente comprometido con quienes lideran las actividades delictivas.
El crimen organizado y la violencia que este genera son una fuente creciente de destrucción y estancamiento económico, así como de la capacidad del Estado para implementar políticas públicas. Los derechos de propiedad se ven amenazados impactando en las decisiones de inversión privada. Los recursos del Estado, en lugar de destinarse a políticas de desarrollo como el aumento del capital humanos, de la infraestructura o el apoyo a la industria, se dedican al combate a la inseguridad que llega tarde al ser reactiva y no preventiva, encima de manera costosa. Así, el gasto público no solo pierde eficiencia, sino que además no logra impactos duraderos y mucho menos garantiza un crecimiento sostenido y de calidad.
La violencia en Paraguay no puede ser separada de la política, ya que hay suficiente evidencia que relaciona las actividades delictivas con políticos. Por lo tanto, tal como se señaló en el lanzamiento del documento, “los ruidos políticos son desincentivos para los inversores, principalmente las que llevarán entre 5 y 10 años. A más ruido político, menos inversores querrán participar a largo plazo”. No hay marca país, espectaculares láminas de power point, giras por el exterior o privilegios tributarios que contrarresten las imágenes negativas que transmitimos al exterior derivadas de la creciente violencia política y ciudadana que enfrenta el país.
