06 jul. 2026

Vieron extractos de datos de condenado en Brasil en juicio oral a Giuzzio

En el juicio oral contra el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, el Tribunal de Sentencia recibió la extracción de datos de los teléfonos del condenado Lindomar Reges Furtado, aunque no existen comunicaciones con el procesado.

GIUZZIIO90.jpg

Juicio oral. Sigue la audiencia contra el ex ministro Arnaldo Giuzzio en Tribunales.

Foto. Gentileza.

Ante los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, se produjo la prueba de los extractos de datos de los teléfonos incautados a Lindomar Reges Furtado, condenado en Brasil a 37 años de prisión por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.

Las comunicaciones hasta ahora no tienen relación con el procesado Giuzzio, que es justamente lo que se reclamaba por parte de la defensa, sobre la pertinencia de la prueba ya que no fueron hechas por el encausado.

Es que en el caso, se acusa al ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio por presunto cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

Entre los datos que se observan es que supuestamente estarían comunicaciones entre Marcus Vinícius y Lindomar Reges Furtado, según señala la Fiscalía.

Lea más: Postergan declaración de Marcus Vinicius en juicio oral a Giuzzio

Por su parte, la defensa resaltó de la prueba los números de las comunicaciones, ya que ninguno de los números pertenecen al acusado.

La audiencia tuvo también algunos inconvenientes, por lo que se pidieron técnicos para la producción de la prueba documental.

Además de esta prueba, el 25 de junio próximo, está prevista la declaración testifical en forma telemática de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua desde una penitenciaría de Brasil.

En la primera ocasión, se había frustrado ya que desde el Brasil hablaban de la imposibilidad de llevarlo para la declaración en ese momento, por lo que solicitaron la posposición del mismo.

Con ello, prácticamente culminaría la producción de pruebas y se esperaría la declaración de Giuzzio, que adelantó que sí prestaría declaración.

Finalmente, se darán los alegatos tanto de la Fiscalía como la defensa para luego pasar a la deliberación y la sentencia.

Más contenido de esta sección
De oficio, la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía convocó a una revisión de medidas para Jorge Giovanny Rodríguez, alias Bizcocho, presunto líder de la pandilla Yogurt, de la Chacarita. En la audiencia, levantó la prisión preventiva y otorgó arresto domiciliario. El joven está imputado por tráfico ilícito de armas y delitos conexos y mañana podría ser acusado.
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia fijó para el 18 y 19 de febrero la audiencia preliminar para el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich, acusado por lavado de dinero, tras supuestamente ocultar información importante de Darío Messer, el hermano del alma del ex presidente Horacio Cartes.
El senador Rafael Filizzola explicó cómo funcionará la nueva ley que estipula suspender los embargos cuando los expedientes de los juicios ejecutivos están desaparecidos. Explicó que estos embargos de la mafia de los pagarés “en muchos casos, les privan de la totalidad de sus ingresos”.
Las víctimas de la mafia de los pagarés consideraron como “solo un pequeño alivio” la nueva ley para suspender embargos y exigieron una investigación como crimen organizado, ya que el mismo Estado “reconoció la existencia de la mafia”.
El presidente de la República Santiago Peña promulgó la ley N° 7614 de saneamiento de juicios ejecutivos irregulares que será transitoria por dos años, se creó para corregir violaciones durante los procesos, especialmente en las causas conocidas como la mafia de los pagarés.
Funcionarios del Senave, junto con personas ajenas a la institución, exigían a importadores sumas millonarias en concepto de “colaboración” o “gratificación por celeridad” para expedir el certificado que habilita la importación de tomates, papas y cebollas. Si bien el trámite tenía un costo oficial de G. 17.715, los solicitantes debían pagar hasta G. 10 millones. Por el hecho están acusados Pastor Emilio Soria, ex titular del ente; el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, entre otros.