Sin embargo, ayer una de las víctimas llegó hasta dicha unidad fiscal para corroborar en qué situación queda su caso, ya que hasta el momento no ha quedado desafectado la resolución del juicio de su embargo de salario, por lo que a fin de mes nuevamente será descontado, pese a que cuenta con toda la documentación de que la deuda ya fue saldada años atrás.
Se trata de la señora Luciana Bernadet, enfermera jubilada, quien se presentó ante la fiscala anticorrupción Belinda Bobadilla para saber cómo avanza su caso, pero la respuesta que recibió es que el caso no cayó en su unidad, debido a que no corresponde a la jurisdicción de la víctima, quien reside en San Lorenzo.
Esta situación preocupa a las víctimas, ya que en la mayoría de los casos las demandas por embargo a las víctimas se realizaron en jurisdicciones totalmente distantes a las que residen.
FISCALÍA GENERAL. A raíz de ello, Bernadet, junto a Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, y un grupo de víctimas llegaron hasta la sede de la Fiscalía General del Estado para pedir explicaciones.
“Me dijeron que debía venir a la Fiscalía General para interiorizarme de mi caso. Le quiero decir a la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, que el 80% de las víctimas de este caso son mujeres. Esto es un feminicidio económico, ella también debe apoyarnos en estos casos”, señaló la víctima en contacto con NPY.
Por su parte, Mirna Gallardo afirmó que “es preocupante que se haya conformado un equipo de agentes fiscales para investigar los casos de la mafia de pagarés, pero que no abarca a todas las víctimas del país. Tenemos víctimas en Canindeyú, en Boquerón, en distintas partes del país, que son embargados sus sueldos por compras que nunca realizaron. Entonces, esta mafia de los pagarés afecta a todos”.
También recalcó que “es alarmante esta situación. Nosotros no podemos ir a buscar en cada distrito, en cada Fiscalía para que nos reciban. Por eso, lo que apuntamos es a hablar con el fiscal general del Estado (Emiliano Rolón) para que atienda esta grave situación que afecta no solo a enfermeras jubiladas, sino que a muchísimos ciudadanos”.
Por último, reclamó: “Queremos que se investiguen los casos y el cese del descuento de salario de víctimas hasta tanto concluya la investigación”.
