El juez en lo Civil, Comercial y Laboral Cristian Ariel Sánchez fue imputado el pasado 14 de setiembre de 2026 por los fiscales Cristian Cáceres y María Verónica Valdés por lavado de activo.
En la sesión, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, integrante del JEM, explicó que el magistrado goza de inmunidad de proceso penal y atendiendo a la imputación y los cargos en su contra, que “corresponde proceder al desafuero”.
También votaron por iniciar de oficio el enjuiciamiento del juez y suspender los efectos hasta que finalice la causa penal.
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A este voto, se unieron los demás miembros. También se aprobó pedir a la Corte Suprema de Justicia su suspensión en el cargo por considerar “grave” frustrar el comiso de un inmueble dentro de un juicio sobre un hecho punible de narcotráfico.
¿De qué se le imputa?
La sospecha contra el juez Cristhian Sánchez se inicia luego de que el 11 de octubre del 2023 ordenara la subasta de dos propiedades de Da Rocha, que en ese momento estaban incautados y siendo objeto de debate en pleno juicio.
Se trata de las fincas N° 56 y N° 57 de la estancia Nelly, ubicada en el distrito de Azote’y, Departamento de Concepción, que en ese momento estaban en poder de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Ambas propiedades estaban a nombre de la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA, y contra ella, el 9 de agosto del 2021, otra firma, Grupo Paraná SA, inició una acción preparatoria de juicio ejecutivo a cargo de Sánchez.
Hay documentos que demuestran que el magistrado fue informado tanto por la Senabico, Registros Públicos y los mismos abogados de la empresa que las dos fincas estaban comisadas, pero que hizo caso omiso.
Subasta e intento de inscripción
El 8 de noviembre del 2023 se realizó la subasta de los inmuebles, que se vendieron a Ronald Augusto Parenderi Román, representante de la empresa Grupo Paraná SA.
La finca N° 56 costó G. 1.500 millones y la N° 57 costó G. 500 millones.
El 28 de noviembre de ese año, el juez, a través de una resolución, aprobó el remate, “pese a contar con los informes de condición de dominio”.
Los fiscales insisten que el juez Cristhian Sánchez Zaracho tenía “pleno conocimiento de la medida de prohibición de innovar” sobre los dos inmuebles.
Como ya se vendieron las propiedades, el Grupo Paraná SA reclamó los bienes. El 17 de abril del 2024 inició un juicio de inscripción preventiva en el mismo Juzgado de Cristhian Sánchez, quien ese mismo día ordenó inscribir ambas fincas.
Sin embargo, Registros Públicos sacó una nota negativa, atiendo a la medida cautelar de prohibición de innovar y con esto, fue denegada la inscripción.
