Los manifestantes señalaron que los demandaron en varias ocasiones, y hasta falsificaron sus firmas para las acciones que presentaron en su contra las empresas de cobranza.
El grupo reclamó acción de la Corte para el cese inmediato de los embargos debido a que la mayoría de ellos fueron decretados sin notificaciones y, en algunos casos, como se dijo, con firmas falsas.
Pedro Coronel, vocero del grupo, señaló que no es suficiente que se impute a jueces y abogados de empresas de cobranza, cuando las víctimas siguen sufriendo los descuentos compulsivos.
La calidad de vida de las víctimas bajó debido a los descuentos de sus haberes jubilatorios o salariales, que quedan reducidos considerablemente. “Le responsabilizamos a la Corte de esto. Hay enfermedades, muertes inclusive. Es una tortura lenta y sistemática que están viviendo”, refirió.
Dijo que quieren el cese de los descuentos debido a que fueron hechos en forma irregular, cuando las demandas ya estaban todas hechas de antemano y solo les hicieron firmar a los jueces. Aseguró que existe un descreimiento de la ciudadanía hacia la Justicia.
“Hay gente que pasa hambre porque no cobra sus salarios”, remarcó. Además, explicó que de otros lugares del país llegarían varios grupos de víctimas de la mafia de los pagarés para sumarse a las protestas.
Indicó que les dijeron que iban a ser recibidos por uno de los ministros de la Corte que estuvo en la reunión en el Congreso sobre el caso.
Falsificaron su firma
Rosa Marina Coronel, una docente jubilada, señaló que le falsificaron su firma en varios pagarés. En un caso, e descontaron íntegramente G. 2.520.000. Además, tuvo otro juicio donde son tres pagarés de G. 7.500.000, que también le están descontando.
Explicó que en el Juzgado de Paz de Villa Morra le hicieron una demanda donde, supuestamente, le notificaron en la ciudad de Benjamín Aceval, pero ella nunca residió en ese lugar. La demanda la inició un tal Carlos Raúl Cano, a quien ella no conoce.
En el otro caso, la demanda se inició en el Juzgado de Paz de La Encarnación, donde la notificación se hizo en Luque. Es ahí donde señala que la firma es falsificada, y la comparó con la que aparece en su cédula para mostrar la diferencia.
Esta última demanda es de la firma GSM Group SA, donde la suma reclamada es de G. 1.512.000, más los gastos de Justicia. Explicó que a través de la asistencia alimenticia es que logró sobrevivir, ya que se quedaba sin salario.
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Reveló que los docentes, en su mayoría, hacen préstamos de hasta G. 3 millones y firman pagarés sin tener en cuenta la fecha y otros requisitos. Además, después de los descuentos, las empresas desaparecen y aparecen otras con los pagarés que vuelven a descontar.
Otra denuncia
En otro caso, Miriam Almada, de la ciudad de Coronel Bogado, docente hace 30 años, dijo que la parte económica la golpeó bastante. “Tengo dos embargos hasta este momento, desde el 2017. En total, ya me descontaron 189 millones”, aseguró.
Remarcó que se dio cuenta de los embargos por su extracto de salario. Un mes llegó a cobrar entre G. 500.000 y G. 1 millón de su salario de G. 7.500.000 aproximadamente, lo que la golpeó bastante ya que tiene hijos que alimentar. Además, no pagaba Ande, Essap y otros servicios.
Reveló que había sacado un electrodoméstico de G. 4 millones, pero le sacaron de eso G. 50 millones. A la fecha, tiene dos embargos de G. 1.816.000 más un préstamo del Banco Nacional de Fomento.
