Sobre la base de unas 2.000 víctimas que se inscribieron al Registro, el 92% alegaron que nunca recibieron notificación alguna de los juicios en su contra, y que el 77% actualmente siguen sufriendo embargos mensuales.
También señala que del total de víctimas, el 79% son funcionarios públicos, mientras que el 6,1% son jubiladas y el 9,3% son empleados privados. De ese 79% que es empleado público, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es decir, que en su mayoría son docentes, mientras que alrededor del 15% es funcionario del Ministerio de Salud. También se destaca que del total de víctimas, el 68% son mujeres, y el 32% son hombres.
De las 2.000 víctimas, el 10% están por demandas iniciadas por la empresa Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa SA), mientras que el resto por otras firmas; como Nexo, 7%; Vanessa SA, 5%, Cobranzas y Pagos SA, en el 4% de los casos.
MODUS OPERANDI. Si bien los datos hablan sobre 2.000 víctimas ya inscriptas, existen otros 1.000 casos más que están pendientes de ingresar al registro y que están en procesos de documentación.
También se pudo determinar que se repite un patrón en la mayoría de los casos, donde muchos adquirieron créditos en casas de ventas de electrodomésticos.
A través de un contrato, la víctima autorizaba a estas firmas que los cobros se hagan mediante descuentos de sus salarios y a la par les firmaban pagarés en blanco “como reaseguro”. Tiempo después ya eran embargados, sin que sean notificados del juicio, y pese a haber cancelado la deuda.
La mayoría de estas demandas eran presentadas en Juzgados distantes a las residencias de las víctimas, lo que les imposibilitaba presentarse en los juzgados, que predominan los de capital, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso y Benjamín Aceval (Chaco).
Hallazgos. En las primeras averiguaciones encontraron que varias víctimas siguen recibiendo mensajes de empresas de cobranzas todos los días. A través de los chats les avisan de deudas sobre pagarés antes ya ejecutados, y con amenazas de nuevos embargos si no pagan la supuesta deuda. Ante la desesperación, muchas de las víctimas acudieron así a acuerdos de pago, pese a haber cancelado ya la deuda años atrás.
La comisión del Senado habilitó el número telefónico (0985) 221-112 para el registro de víctimas.
El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) expuso las acciones realizadas hasta ahora respecto al esquema de la mafia de los pagarés, solicitando nulidades procesales y medidas cautelares. También se encuentran acompañando con el Congreso los distintos casos donde continúan los descuentos de salarios, afectando en su mayoría a trabajadores del sector público. Por último, la Defensa Pública elaboró un proyecto de ley que apunta a la creación de un registro nacional de créditos y la oficina de registro de créditos, dependiente de la Dirección de los Registros Públicos (DGRP), que va a ayudar en la trazabilidad de los préstamos y pagarés.
