No hace mucho tiempo, el mundo era en gran medida un dominio de imperios europeos: El español, el portugués, y el Imperio británico, que llegó a abarcar el globo. Los principios jurídicos que regían este mundo eran o bien “la fuerza es la razón” o el derecho divino de los reyes que otorgaba la soberanía, no al pueblo, sino al monarca y la aristocracia hereditaria. Era, por tanto, un mundo de competencia patrimonial por los recursos, organizado a través del mercantilismo global. Incluso países como Estados Unidos, donde las revoluciones habían puesto fin formalmente a la prerrogativa real, reclamaron autoridad imperial más allá de sus fronteras mediante la Doctrina Monroe, que declaraba a América Latina su esfera exclusiva de influencia. Hacia finales del siglo XX creímos que la era del imperio y de la soberanía como privilegio pertenecía definitivamente al pasado. Hoy, apenas treinta años después, vuelve a presentarse al umbral de nuestra puerta, en Venezuela.
A comienzos del siglo XX, la modernidad capitalista transformó el mundo de los imperios. Las nuevas tecnologías productivas, financieras y comerciales incrementaron de manera espectacular la productividad de las economías nacionales, pero también generaron el problema de la sobreproducción y dos dinámicas contradictorias. Por un lado, la competencia por materias primas y mercados se expresó en la expansión militarizada del imperio más allá de Europa. Por otro, el desarrollo capitalista creó una mayor interdependencia dentro de la propia Europa, ya que la inversión y el comercio transfronterizo hicieron que el crecimiento económico continuo en cualquier país dependiera cada vez más de las economías de los demás. Además, el creciente poder destructivo de las nuevas tecnologías hizo que la guerra entre potencias europeas sea económicamente irracional: Al atacar a sus adversarios políticos, un país terminaba destruyendo a los financistas, industrias internacionales y socios comerciales de los que dependía su propia economía.
Al mismo tiempo, a medida que las relaciones capitalistas de producción aflojaban las jerarquías sociales y estructuras tradicionales de autoridad, surgió un ethos general de democracia como parte de la ideología de la modernidad. El liberalismo enfatizó la autodeterminación, debilitando la lealtad hacia la autoridad real central y tradicional, al tiempo que fortalecía la autoridad del individuo. El nacionalismo reclamó la autodeterminación étnica y territorial, rechazando el dominio imperial y dando lugar a movimientos de liberación nacional que, mucho más allá de Europa, retomaron y desarrollaron el nacionalismo en las diversas geografías poscoloniales de Asia, África y América Latina. El socialismo, a su vez, se desarrolló como una crítica del liberalismo, cuestionando su dependencia del mercado como principal medida de la libertad.
Las contradicciones de la modernidad capitalista –entre expansión imperial, interdependencia económica y reclamos nacionalistas– se materializaron en las dos guerras mundiales que devastaron la economía global, mataron a decenas de millones de personas y culminaron con el debut de la bomba atómica. Lo que antes había parecido una guerra económicamente irracional entre potencias interdependientes estalló, sin embargo, a una escala sin precedentes.
Tras las guerras, los líderes mundiales diseñaron un nuevo orden internacional en un esfuerzo por contener las contradicciones más destructivas de la modernidad. La esfera internacional debía regirse por el derecho y los tribunales internacionales, las Naciones Unidas y un conjunto de sistemas monetarios, financieros y de pagos internacionales, todo ello basado en el compromiso formal de las potencias del mundo de respetar la soberanía nacional.
Este orden no fue idealista sino fue una respuesta pragmática a la catástrofe. El compromiso de Estados Unidos y de otras grandes potencias con el sostenimiento de este orden –a pesar de desacuerdos ideológicos, intereses materiales y geopolíticos en conflicto e incluso guerras– persistió en gran medida a lo largo del largo siglo XX. Este sistema coexistió con las tensiones imperiales informales de la Guerra Fría, la división del mundo en esferas de influencia estadounidense y soviética, y más tarde con el “momento unipolar” de hegemonía neolbieral Estadounidense. Incluso frente a las repetidas violaciones de los Estados Unidos de estos principios –especialmente en latinoamérica– los defensores del orden liberal aún podían apelar a sus instituciones, tanto en el ámbito internacional como dentro del propio Estados Unidos.
El siglo XXI fue lento en anunciarse, pero comienza luego de la larga acumulación de fracasos que erosionó la legitimidad política del liberalismo dentro de los EEUU. Décadas de austeridad neoliberal, mercantilización y financiarización han erosionado la esfera pública y han vuelto cada vez más escasos y difíciles de asegurar para amplios sectores de la población bienes básicos como la salud, la vivienda, la educación y la seguridad de ingresos. Una serie de guerras pérdidas –desde Vietnam hasta Afganistán– socavó los relatos de competencia militar y autoridad moral nacional. Al mismo tiempo, el ascenso de China provoca la pérdida de liderazgo tecnológico, competitividad económica y hegemonía financiera que habían sostenido los niveles de vida y las libertades de consumo que alguna vez legitimaron el liberalismo estadounidense.
Las élites económicas y políticas estadounidenses, en ambos partidos, cargan con una enorme responsabilidad por esta crisis, pero imponen sus costos a la población y al resto del mundo. Trump, en particular, no creó esta crisis; la ha explotado y profundizado para beneficio personal y político. Su administración descarta normas constitucionales para consolidar una nueva base para el Partido Republicano mediante la construcción de los inmigrantes como un enemigo interno, con poca oposición y a veces la colaboración explícita del Partido Demócrata. Igual, Trump sigue profundamente debilitado: Su popularidad es baja, el crecimiento económico y del empleo se ha estancado, y su administración ha sido sacudida por escándalos, incluida la publicación de documentos que lo asocian con el convicto por tráfico sexual, Jeffrey Epstein.
Lo que estamos presenciando en Venezuela no es el acto aberrante de un loco, sino parte de una estrategia calculada para establecer las bases internacionales de un nuevo régimen de gobierno oligárquico en el contexto de un Estados Unidos en declive. La invasión unilateral de Venezuela –no autorizada ni por el Congreso estadounidense, la autoridad constitucionalmente facultada para declarar la guerra ni por los organismos de las Naciones Unidas– y la detención y secuestro de su presidente confirma que el mundo regresa a una era en la que el grandes potencias volverán a repartir el globo en esferas de influencia donde solo ellos ejercen soberanía.
Este acto no se sostiene en aislamiento, sino que representa la culminación de un desmantelamiento más amplio del orden internacional liberal desde dentro. El proceso comenzó con el ataque al sistema de comercio global, cuando Estados Unidos impuso aranceles con escasa racionalidad económica, pero de manera plenamente coherente con la instrumentalización política del poder económico. Continuó con el desmantelamiento de la cooperación internacional y el debilitamiento del propio sistema de Naciones Unidas, más recientemente mediante propuestas para reestructurar su financiamiento para subordinar la acción multilateral a los objetivos e intereses unilaterales de Estados Unidos. En conjunto, estos movimientos no señalan una desviación temporal del institucionalismo liberal, sino su abandono efectivo: Las normas e instituciones dejan de tratarse como límites al poder y pasan ser instrumentos para descartar o torcer cuando dejan de servir a objetivos partidarios o incluso personales inmediatos, ya sea asegurar petróleo o litio más baratos para subsidiar la competitividad económica estadounidense o avivar el nacionalismo para evitar una derrota electoral.
A pesar de las responsabilidades que puedan tener las autoridades venezolanas en el deterioro de su democracia y en la prolongada crisis económica y humanitaria que enfrenta su población, la pregunta “de qué pensás sobre Maduro” es una distracción. Oculta una ruptura mucho más profunda: La normalización de la fuerza imperial desnuda en el siglo XXI. Oculta también el renovado riesgo de la violencia bélica y genocida a una escala mundial. El historial reciente de intervención militar estadounidense deja brutalmente claro que no trae ni justicia ni reparación para los víctimas del autoritarismo. Creer y repetir esas justificaciones simplistas es, o capitular ante el ascendiente ethos global del autoritarismo, o participar activa y cínicamente en la resurrección de un nuevo orden imperial para nuestros tiempos.
