Gustavo Setrini
Politólogo
El caso de Hernán Rivas ya no admite la lectura tranquilizadora del hecho aislado. Esta semana, el medio investigativo brasileño Extra Classe destacó el caso de los títulos falsos, comparándola con sus propias tramas de revalidación irregular de diplomas. El diario El Nacional tituló: “No son títulos, es el futuro de una generación”. La comisión senatorial presidida por Patrick Kemper ya cursó dieciocho pedidos de informes al Cones y a la Aneaes, mientras su vicepresidenta, Esperanza Martínez, calificaba el esquema como “un sistema de delincuentes organizados para estafar”, en un paralelismo directo con la mafia de los pagarés. Lo que empezó como la denuncia de un título comprado se transformó en un expediente que hoy ocupa al MEC y a la Fiscalía, con más de 250 diplomas confirmados como fraudulentos hasta 1.500 bajo sospecha, la intervención de tres instituciones de Educación Superior y el cierre de dos facultades. Una nota periodística publicada esta semana en Asunción advertía que la verdadera dimensión de la crisis no se mide por la cantidad de títulos irregulares, sino por el deterioro de la confianza institucional que sostiene el sistema entero.
Con esa intuición, un equipo interdisciplinario e intergeneracional impulsamos el estudio, “Mercantilización, credencialismo y captura política de la educación universitaria en Paraguay”, presentado el 2 de julio en la UBA en el lanzamiento del libro “Libertad académica en las Américas” (CLACSO-CLAA) La titulación falsa es apenas una arista de un problema más amplio. Está la evidencia de carreras que no producen las competencias que deberían: Médicos recién egresados que vuelven de Brasil y aplazan su habilitación, o docentes titulados que no logran concursar en el MEC. Está también el plagio, el uso indebido de la inteligencia artificial y la preocupación de que, aunque alguien curse una carrera legítima, si no cumple con trabajo propio, no merece el título que recibe. Se suman la precariedad laboral, las revistas depredadoras y la desconfianza y los conflictos sobre procesos de selección amañados.
El título de esta columna busca provocar una incomodidad necesaria para difundir nuestros hallazgos. Porque no se trata solo de una cuestión moral, sino de incentivos sistemáticos que operan a través de reglas formales, como la Ley de Educación Superior, e informales, como las de la lealtad política, que se operan en la cultura institucional sin que estén escritas en ningún reglamento. Todos somos, en algún sentido, parte del sistema que produce estos resultados.
El legado de la dictadura: Control político y universidad sectaria
Un primer hallazgo tiene que ver con el legado de la dictadura: Un control político y partidario del espacio universitario, que lo da valor en la medida en que sirve para movilizar votos y para integrar a jóvenes y docentes a estructuras partidarias mediante la distribución de favores, empleo, becas y resolución de problemas administrativos, en una dinámica clientelar muy arraigada e institucionalizada. Ese control no terminó con la transición. Dejó de ser monopolio del Partido Colorado y de la corriente stronista; se pluralizó, con competencia entre partidos e incluso con sectores que no son formaciones políticas en sentido estricto, como gremios de distintos rubros, abriendo sus propias universidades. Lo que llamamos en el estudio “la universidad sectaria” es precisamente eso: En vez de un espacio compartido donde distintos intereses dialogan y compiten de manera pluralista para desarrollar conocimiento contrastante, cada actor abre su propia universidad y ejerce, dentro de ella, una hegemonía sobre ese espacio.
La libertad de la transición: Credencialismo y mercantilización
A ese legado de control político se le superponen dos elementos más recientes. Primero, el credencialismo: La valoración casi exclusiva del título (el “cartoncito”), que funciona como llave de acceso a un empleo más estable y mejor remunerado, sobre todo en el sector público. La búsqueda de ese valor instrumental es absolutamente legítima: Las familias quieren que sus hijos accedan a mejores oportunidades, y el título universitario sigue siendo la principal vía para lograrlo. Sin embargo, el valor instrumental de un título es inseparable de su valor intrínseco: El título solo funciona como señal confiable en la medida en que la formación que certifica sea real. Si el sistema descuida sistemáticamente las relaciones intelectuales y académicas, la calidad del aprendizaje y las capacidades efectivamente generadas, la credencial se vuelve hueca y todo el mecanismo se vuelve autodestructivo.
El segundo elemento es la mercantilización, ligada a la multiplicación de universidades privadas y comerciales a partir de la década de 1990. En ese momento, por primera vez en la historia paraguaya, una generación casi completa llegaba a terminar el bachillerato, con una aspiración de movilidad social que se tradujo en una demanda enorme de títulos universitarios. El péndulo de la regulación se movió entonces del control total del dictador sobre la apertura de nuevas universidades hacia una liberalización casi completa en el Congreso, con la sanción de leyes que abrieron las puertas a una expansión acelerada. En ese proceso, los partidos tradicionales y el sector empresarial y comercial tenían amplia representación legislativa, mientras que el criterio académico tenía un peso marginal. El resultado fue una legislación que privilegió el valor del lucro en la educación, aun cuando formalmente no se permiten instituciones con fines de lucro: Existen estructuras contables y fundaciones vinculadas que permiten, en la práctica, distribuir utilidades entre accionistas.
La vuelta del péndulo, de la desregulación al control estatal
La crisis que hoy vemos es en buena medida resultado de esta historia. Frente a ella, el péndulo vuelve a moverse de un extremo marcado por la oferta y demanda en el libre mercado hacia la regulación estatal de nuevo. Se propone reformar el Cones para que deje de funcionar como institución corporativa y se convierta en un organismo técnico y académico; se estableció un Registro Único del Estudiante con alcance retroactivo; se exige aumentar la exigencia y el peso de la acreditación y se busca la interoperabilidad entre el MEC, el Cones y la Aneaes. En el estudio sostenemos que es insuficiente y que, por sí solo, no va a resolver el problema. Porque la acreditación puede terminar reforzando la misma lógica instrumental que originó la crisis: Las universidades cumplirán con la lista de requisitos para obtener la acreditación, pero eso no implica necesariamente poner en el centro los valores académicos.
Las universidades sectarias de hoy no tienen incentivos para formar investigadores críticos; su interés está en reproducir lealtades y certificar títulos, no en interrogar el conocimiento establecido. El mercado, por su parte, tampoco exige producción de conocimiento nuevo, exige títulos. Así, el sistema se retroalimentó: Sin investigación que dinamice la vida intelectual y alimente la docencia, la formación se vuelve más superficial; sin formación que valore la investigación, no hay demanda social ni política para fortalecerla. El modelo de universidad profesionalizante establecido en Paraguay entró en crisis y la fundación de universidades de investigación se retiró a un horizonte más lejano.
El déficit de la autorregulación académica
Romper este círculo requiere autorregulación académica, es decir, priorizar el valor intrínseco de la educación. La autorregulación opera con mecanismos sociológicos y culturales: en los sistemas donde funciona, los académicos construyen su carrera buscando reconocimiento entre pares dentro de campos disciplinarios, y la socialización promueve valores como la curiosidad, la crítica y la rigurosidad, y construye comunidad intelectual.
La ausencia de estos valores condiciona directamente el tipo de competencia que se da entre alumnos, investigadores y docentes. Los concursos se desarrollan hoy con mucha más formalidad que antes, con grillas de evaluación que puntúan méritos y experiencia. Esta formalización es un avance, pero en ausencia de una cultura académica institucionalizada, esos criterios se vuelven superficiales e individualizantes o, peor, se convierten en instrumentos de bloques de poder político y económico para premiar la lealtad.
Vale la pena contrastar la competencia por puntos entre individuos con el tipo de competencia que existe en los sistemas donde los valores académicos están más institucionalizados. La analogía, oportuna en esta temporada mundialista, es la de un equipo de fútbol. En cualquier plantel hay competencia constante entre los propios compañeros; esa rivalidad interna estimula el esfuerzo y la innovación. Pero esa competencia está enmarcada en una estructura de equipo cuyo propósito es que el equipo coopere y gane de forma colectiva. En nuestro sistema científico, lo que está ausente es precisamente la institucionalización de ese club, es decir, la disciplina académica como comunidad capaz de identificarse a sí misma y competir internamente con el propósito compartido de construir el valor de su campo dentro de la academia y la sociedad.
El estudio que presentamos en Buenos Aires plantea que ese desarrollo institucional y esa autorregulación requieren otra clase de abordaje que va más allá de establecer criterios administrativos y burocráticos más rigurosos. Faltan diálogos amplios entre docentes, investigadores, estudiantes y universidades públicas y privadas, orientados a construir, en el mediano plazo, esos valores académicos y a protegerlos.
Porque si la crisis es sistémica, la respuesta no puede limitarse a castigar a los “delincuentes” mientras el sistema que los produce permanece intacto. Todos somos la mafia en el sentido de que todos –estudiantes que buscan un título para progresar, universidades que responden a la demanda, políticos que usan la educación como moneda de cambio, funcionarios que aplican criterios burocráticos– operamos dentro de un entramado de incentivos que produce estos resultados. Reconocerlo es el primer paso para construir algo distinto.
