Mientras se formula una nueva amenaza de paro de los transportistas, la realidad que padecen los usuarios no ha cambiado, por lo cual siguen sufriendo el pésimo servicio. El nuevo ultimátum se debe al supuesto incumplimiento por parte del Gobierno del más reciente acuerdo al que se había llegado hace casi un mes y que implica la falta de pago del subsidio. Es hora de que nuestras autoridades tomen la decisión de cuidar los intereses ciudadanos, y que planteen soluciones que beneficien a los pobladores de todo el país.
Resulta inaceptable que los usuarios del transporte público deban seguir padeciendo el mal servicio, y periódicas amenazas de paro por parte de quienes proveen el servicio. Y de la misma manera en la que se presiona para que el Gobierno honre sus compromisos con las empresas que manejan el sistema, se deberá exigir al Gobierno a que eleve el nivel y el rigor del control del servicio que actualmente prestan las empresas a los usuarios.
Después de casi un mes vuelve a aparecer el fantasma del paro, una amenaza que periódicamente se cierne sobre los sacrificados usuarios del transporte público, debido al presunto incumplimiento del Gobierno del acuerdo para frenar la anterior medida de fuerza. Las autoridades habían firmado un documento con los transportistas, comprometiéndose al pago de USD 3,9 millones, correspondientes a junio de 2025, en concepto de subsidios por pasaje. Frente a la situación, los empresarios están evaluando medidas de protesta, como el eventual paro.
Otro tema pendiente es el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el pasado 24 de julio. Es el proyecto de ley por el que se impulsa la reforma del transporte, el cual ha planteado más dudas que certezas. La Cámara de Senadores tiene tiempo de estudiarlo hasta el 27 de agosto, mediante un proceso especial y la fecha para la votación fue determinada para el 3 de setiembre. Mientras tanto, se llevan adelante audiencias públicas y consultas.
No caben dudas de la necesidad de una reforma que permita que el país y los usuarios tengan acceso a un eficiente servicio de transporte público. Sin embargo, no se está viendo la intención de reorganizar la administración a nivel nacional, por lo que el proyecto apenas cruza la avenida Madame Lynch, de Asunción, dicho esto en un sentido figurado, ya que el proyecto se plantea solo como metropolitano. Esto implica que los paraguayos que viven en Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica o Concepción estarían excluidos de una discusión que se centra en la capital y en su área metropolitana. Cualquier proyecto debería tener una mirada más amplia, más integradora de las realidades que padecen los usuarios del transporte en todo el país, por lo que dicha reforma debe implicar la reforma también a nivel institucional.
Sin esto, los muy loables objetivos de “El bus que viene” difícilmente se harán realidad.
Por otra parte, en cuanto se sigan demorando las soluciones a los urgentes problemas en cuanto al transporte público, se repetirán las tragedias cotidianas. Tal como las que sucedió recientemente en la ciudad de San Lorenzo cuando un pasajero quien tocó el timbre para descender, aparentemente perdió el equilibrio y salió despedido a través de la puerta trasera mientras el vehículo estaba en marcha, y falleció. Este tipo de situaciones afectan a diario a los usuarios.
Destacaba un informe de la organización Horizonte positivo, que el Gran Asunción creció 180% en los últimos 40 años, pero que el desarrollo del transporte público no acompañó este proceso de crecimiento urbano. Es por esto que la falta de un sistema de transporte público eficiente genera caos y congestión diaria en el tránsito porque la población se moviliza en vehículos particulares por la falta de buses e itinerarios en todas las zonas y horarios. Recalcan, asimismo, que el costo de accidentes viales en nuestro país es alto. Este modelo de sistema de transporte actual es insostenible porque castiga a los usuarios con su ineficiencia, pero además tiene un costo estructural debido a los accidentes viales.
Es hora de que el Gobierno tome decisiones priorizando los derechos y el bienestar de la mayoría de la población. Urge un sistema de movilidad que beneficie a los pobladores de todo el país.
