Nuestra Constitución Nacional reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hace responsable a la familia, la sociedad y al Estado para que aseguren su desarrollo, su protección y el ejercicio de sus derechos. Los niños deben ser protegidos contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación.
La Carta Magna los protege asimismo a través de otros derechos y obligaciones: Los padres, quienes deben asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, serán penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria. Así también, reconoce que los trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones laborales, y protege especialmente a la maternidad; las mujeres no pueden ser despedidas durante el embarazo, y tampoco mientras duren los descansos por maternidad; existe el permiso por paternidad para trabajadores, de 14 días corridos, con goce de sueldo.
La familia es la primera responsable, pero el Estado debe crear y asegurar las condiciones para que las familias puedan cumplir con su rol, es decir, crear las condiciones para una vida digna.
Los datos sin embargo nos hablan de que en realidad no siempre se cumplen los derechos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del 2024, de la población total del Paraguay, el 31% son niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a 1,8 millones de personas de entre 0 y 17 años. 1.365.162, el 97.3% de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años asiste a una institución educativa, pero esto disminuye con los adolescentes de 15 a 17 años, solo 300.198 asiste a la educación media, lo que equivale al 87,3%.
De los 1,8 millones de niños, solamente el 25,0% cuenta con seguro médico. En el área urbana es el 33,0% y baja en el área rural al 13,8%. El 29,5% de las niñas, niños y adolescentes paraguayos (544.697) viven en pobreza, y el 6,7% (123.021) viven en pobreza extrema.
La sociedad y las instituciones del Estado deben redoblar sus esfuerzos en el cuidado de la infancia; en los primeros meses del año hubo más de 1.300 denuncias por abuso sexual infantil, lo que equivale a un promedio de 9 víctimas por día. Los datos dicen que ocho de cada diez casos de abuso en niños fueron denunciados en las escuelas.
Otro aspecto que no debemos pasar por alto es el criadazgo, una despreciable práctica en la cual niños y adolescentes pobres son entregados a hogares, donde cumplen tareas domésticas a cambio de cuidado o acceso a la educación. Este se convierte frecuentemente en espacio para el abuso sexual, la explotación laboral y otros inadmisibles abusos.
El derecho a la educación no siempre se cumple para los niños y niñas que dan clases bajo los árboles, en escuelas sin sanitarios, sin acceso al agua potable o energía eléctrica, sin bibliotecas ni laboratorios. El estado de la educación pública en el Paraguay nos habla de un país desigual, que les niega las mínimas oportunidades a sus niños.
Finalmente un tema actual de grandes dimensiones, nuestros niños, adolescentes y jóvenes son utilizados por el narcotráfico y el crimen organizado. Esto sucede porque el país solo ofrece pobreza, miseria, exclusión y desigualdad, y estas redes criminales ofrecen lo que el Estado no. Niños y jóvenes atrapados en el consumo y el narcotráfico, son el rostro visible de un Estado que no ofrece oportunidades a las familias y a los niños.
Ellos no tienen cabida en los planes de gobierno, ni en salud ni educación, y tampoco se formulan políticas públicas que los preparen para el mundo laboral en condiciones dignas y seguras, ni se les brindan condiciones de vida necesarias para un desarrollo con acceso a la cultura y al deporte.
