Desde finales del año pasado han venido saltando escandalosas denuncias por parte de personas que fueron perjudicadas. Las denuncias han desnudado un terrible esquema judicial a través del cual estudios jurídicos obtienen pagarés que ya habían sido cancelados, pero no retirados por sus firmantes, y con ellos, inician juicios contra las personas firmantes de pagarés ya cancelados. El esquema funciona coordinadamente: los estudios jurídicos compran pagarés no retirados por clientes que ya pagaron sus cuentas, de empresas de electrodomésticos y otras similares, y les descuentan automáticamente de sus salarios por vía judicial.
Podemos mencionar uno de entre el centenar de denuncias: el caso de una funcionaria quien, a través de una asociación mutual, realizó la compra de un electrodoméstico y al terminar de pagar en cuotas recibió un certificado del banco; posteriormente, la asociación quebró y cuando la empleada ya estaba jubilada recibe la llamada de un estudio jurídico que le anuncia que tiene pagarés de ella sin pagar, acude y vuelve a pagar para evitar problemas. Sin embargo, años después, ve descuentos en su jubilación, relacionados con los mismos pagarés por los que ya había pagado. Este es el esquema y el prototipo de víctimas de esta red de estafadores.
La red de complicidad –conforme se van conociendo más detalles– abarca juzgados de Paz de la capital y varias ciudades, así como también ujieres, actuarios y funcionarios judiciales, todo integrando los engranajes de este esquema extorsivo. Y, como confirman abogados que han atendido casos, es fácil suponer que se trata de una verdadera estructura que opera con total impunidad y desde hace bastante tiempo. Hasta ahora –y tras la auditoría de la Corte– fueron hallados expedientes que no fueron a estadísticas, sin fiscalización de tasas, notificaciones que se realizan el mismo día y a la misma hora en distintas localidades, hay actas diligenciadas en la misma fecha, mismo horario y ciudades distintas, entre otras irregularidades.
Después de la auditoría, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia remitió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el informe con los resultados de las auditorías realizadas a dos juzgados, que reportan una serie de irregularidades. Sin embargo, y a pesar de las mediáticas denuncias y situaciones dramáticas que están viviendo los perjudicados, hasta la fecha no han logrado ser recibidas por el presidente de la Corte Suprema.
Una jubilada, víctima de la mafia de los pagarés, llegó hasta la Fiscalía para conocer los avances de la investigación y encontró que su denuncia no estaba siendo investigada en la mencionada sede fiscal. Un grupo de mujeres, jubiladas y trabajadoras, pidieron asistencia y atención a los ministros de la Corte Suprema sobre los descuentos compulsivos. Reclaman celeridad, pues se enfrentan a deudas de G. 40 a 50 millones más los honorarios de abogados. Como reclamaba una de ellas: “Esta es una rosca que nos está perjudicando enormemente a nosotras, a las mujeres, a las trabajadoras, y por eso hoy apelamos a la sensibilidad de los ministros de la Corte para entender esta grave problemática y que ya no podemos seguir”.
Este es el peor rostro que nos muestra el sistema de Justicia. Afecta a personas trabajadoras, que viven de sus salarios y sus jubilaciones, y se encuentran totalmente indefensas ante el sistema. Es obligación de las autoridades esclarecer las denuncias, pero sobre todo deben hacerlo con celeridad, pues otra acción sería claramente complicidad.
