Las estatales analizadas y cuyos informes de auditoría al 2024 se encuentran disponibles en la página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) son Petróleos Paraguayos (Petropar), la Industria Nacional del Cemento (INC), Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Copaco, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
En conjunto, estas firmas acumularon pérdidas por más de G. 440.000 millones (USD 62,3 millones al tipo de cambio actual). De las seis entidades, cuatro registraron déficits, mientras que las dos restantes apenas sostuvieron resultados positivos, pero con caídas significativas frente al 2023.
El panorama de las empresas públicas paraguayas constituye un microcosmos de los desafíos estructurales que enfrenta el Estado paraguayo en su búsqueda de desarrollo y eficiencia. Las empresas presentan situaciones financieras muy distintas, determinadas por sus modelos de negocio y la injerencia política.
Las empresas públicas están presentes en sectores claves de la economía, como energía, telecomunicaciones, infraestructura, agua y cemento, entre otros. Además de un rol fundamental para sentar las bases de un crecimiento menos volátil y con mayor efecto microeconómico, estas empresas tienen el potencial de reducir fallas de mercado frente al reducido tamaño de cualquier mercado en nuestro país y la posibilidad de presencia de asimetrías de información, poder de mercado y colusión. También hay que considerar la existencia de empresas en sectores estratégicos para la calidad de vida, lo que fue plenamente demostrado con la pandemia en los casos de servicios públicos de agua potable y energía eléctrica.
En las últimas décadas, el país ha avanzado en el fortalecimiento gradual del marco legal e institucional de la supervisión del sector, la creación del Consejo de Empresas Públicas, el inicio de la implementación de instrumentos de gestión para un desempeño más eficiente y efectivo (planificación plurianual, contratos de gestión por resultados, monitoreo), la promoción de la rendición de cuentas y la transparencia (auditorías). Pero faltan otras medidas como la implementación efectiva de los instrumentos de gestión, así como de los planes de acción derivados de las recomendaciones que se establecen luego del monitoreo y de las evaluaciones.
No obstante, se identifican enormes desafíos en el ámbito de política de regulación para fijar las tarifas de los servicios, la imprevisibilidad en la transferencia de recursos, la fragilidad de las capacidades institucionales para la supervisión centralizada, la falta de información en tiempo real y comparable y la insuficiente profesionalización de los recursos humanos que se traducen en la persistencia histórica de prácticas clientelares e ineficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía.
El análisis de estas seis empresas revela un mapa financiero fragmentado y una política de Estado inconsistente y deficiente. Los indicadores económico-financieros dan cuenta de una marcada heterogeneidad entre las empresas, pero un factor en común se refiere a la baja rentabilidad que ha mostrado la mayoría.
La situación no se resuelve con las medidas actuales, mientras que la falta de soluciones perpetúa la ineficiencia y los costos que se cargan a la ciudadanía. Se requiere de una redefinición estratégica basada en una evaluación realista de la razón de ser de cada empresa, ya que hay algunas que deberían desaparecer mientras que otras hacer que funcionen bien por sus roles en el desarrollo del país, en la calidad de vida de las familias y en la resolución de fallas de mercado.
