Amenazas de paro, normalizadas reguladas y promesas de reforma que avanzan muy lentamente, todo lo que sucede alrededor del tema transporte público tiene un denominador común: No toma en cuenta al ciudadano. Quienes tienen el poder de decidir no priorizan el bienestar ciudadano. El servicio de transporte público en el país es deficiente y afecta a estudiantes y trabajadores; urge por eso que autoridades y funcionarios dejen de lado las improvisaciones y garanticen a los paraguayos un sistema que sostenga una calidad de vida.
Un reportaje de ÚH sobre las reguladas nocturnas, y el suplicio diario del pasajero, compartía las historias de los usuarios y su cotidiano padecimiento. Uno de ellos, un trabajador llevaba aguardando el transporte desde hacía 45 minutos, comentó que apenas dormía seis horas, pues llegaba a su casa después de las 21:00 y debía salir nuevamente de su casa rumbo al trabajo a las 03:00 para que pudiera abordar un bus y llegar a tiempo a sus obligaciones.
Otra usuaria que ya aguardaba su transporte por casi una hora, explicó: “Es así todos los días. Ya es una costumbre. Cuando alguien sale de trabajar todo el día, quiere ir a descansar, pero tiene que esperar mucho tiempo otra vez”.
Estos dos son ejemplos de la manera en la que afecta al ciudadano el pésimo servicio de transporte público, que implica largas e inciertas esperas debido a las habituales reguladas, la escasa frecuencia de las unidades y por lo general las precarias condiciones, sin olvidar mencionar que el caos de tránsito hace que se pierdan demasiadas horas en el tráfico.
Por esta razón trabajadores y estudiantes deben abandonar sus hogares en horas de la madrugada, salir a la calle y exponerse a la inseguridad reinante y al regresar tras una dura jornada repetir el mismo esquema. Esta situación hace que al final, quede muy escaso tiempo para compartir con la familia.
Precisamente esta semana se inició con una situación a la que –tristemente– la población está casi acostumbrada: Una regulada del servicio de transporte. Por eso, y como en las últimas décadas los usuarios que utilizan el sistema de transporte público tuvieron que esperar por horas un colectivo que los llevara a su destino.
Paralelamente, otra consecuencia de las reguladas es el aumento del precio de los viajes a través de plataformas, precios que se dispararon por la alta demanda del horario pico.
En subsidio al pasaje ya se gastaron USD 3,1 millones más que a setiembre del año pasado, y desde el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) reclaman que el Presupuesto de 2026 mantenga los mismos USD 50 millones del subsidio, que –según ellos– son insuficientes para renovar la flota y mejorar el servicio que usan 500.000 pasajeros diarios. Mientras tanto, los pasajeros y pasajeras no ven cambios ni mejoras y continúan viviendo su calvario.
Las promesas por parte del Gobierno tampoco se cumplen. Los tan publicitados buses eléctricos donados por Taiwán siguen sin estar operativos, pese a la rimbombante promesa que hiciera el gobierno hace un año de que aportaría como solución al caos del tránsito.
Decían que el proyecto mejoraría la calidad del transporte público, reduciría la huella de carbono, sustituyendo los combustibles fósiles por energía eléctrica que tienen menor costo de mantenimiento y que reducen la contaminación acústica. Y, pese a que no están circulando por nuestras calles todavía, se debe reconocer que una decena de buses eléctricos no serán una solución.
La solución no llegará reemplazando las actuales chatarras por buses eléctricos, eso no va a mejorar el servicio. Necesitamos una nueva visión, necesitamos pensar en un moderno sistema de movilidad y transporte que sustituya a la actual organización que, básicamente consiste en el arbitrario reparto de itinerarios a un grupo de empresas, que con impunidad regulan el servicio, no renuevan las unidades ni hacen mantenimiento, restringen el servicio los fines de semana y en las noches.
El actual modelo está desfasado y es anacrónico, el Gobierno debe apurar por lo tanto una mínima reforma del transporte público porque es su obligación dar bienestar y calidad de vida al pueblo.
