Lamentablemente, nuestra Justicia no está cumpliendo con las víctimas de la denominada mafia de los pagarés. Cada día aparecen nuevos y dramáticos testimonios de personas que están siendo perjudicadas y que apenas pueden sobrevivir por tener sus ingresos embargados. Son inaceptables la pasividad, el desinterés y la falta de compromiso con estas personas, que de hecho están siendo víctimas del sistema de justicia. Urge, por lo tanto, poner freno a este esquema criminal, para que los afectados reciban la reparación que se merecen.
Desde el momento en que la mafia de los pagarés ha quedado expuesta, hace casi un año, la Justicia ha reaccionado de manera muy tibia. Los trabajadores y trabajadoras, víctimas del esquema de estafa siguen pagando las consecuencias de la extendida cadena de corruptela y siguen perjudicados, pues sus salarios e incluso pensiones siguen siendo embargados por las enormes deudas.
La mafia de pagarés es una verdadera organización delictiva, montada para estafar a personas asalariadas mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas, mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso.
Esta mafia de los pagarés aplica diversas modalidades, a veces, un mismo pagaré es ejecutado varias veces, lo que duplica y triplica la deuda para hacerlo posible se utilizan documentos falsificados y manipulando el mismo sistema. Otra modalidad es la firma falsificada, que permite a los delincuentes ejecutar deudas sin el consentimiento de los deudores. También hay otras modalidades para las cuales es necesaria una complicidad en los juzgados.
Al final, el impacto para las víctimas es el mismo, trabajadores, jubilados, maestros y sus familias pierden incluso ahorros y propiedades, en un círculo que nunca se acaba. Este es el caso de Liz Prieto, docente, víctima de la mafia de los pagarés, quien compró un horno microondas por G. 1 millón, y años después, su deuda trepó a G. 3.000 millones. Su testimonio es uno de los más estremecedores.
En el 2016 adquirió un electrodoméstico, y firmó un pagaré para abonar en 12 cuotas, sin embargo, su deuda nunca dejó de aumentar. Ella hizo la denuncia, pero no fue escuchada; hoy forma parte de un grupo que están pidiendo una investigación y que se inicie juicio político a los jueces involucrados. Las víctimas de este esquema también están solicitando juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, cuyo hermano es accionista en una de las empresas vinculadas con el esquema de estafas.
A un nivel institucional, el Ministerio Público considera que se tejió una red delictual entre jueces, actuarios, ujieres, oficiales y abogados representantes de empresas de cobranzas, que hicieron demandas y llevaron adelante estos juicios que derivaron en descuentos compulsivos de salarios a través de embargos. Por su parte, la Comisión Especial del Congreso –que investiga la trama de la mafia de pagarés– recibió más de 6.000 denuncias de personas que aseguran que sus cédulas de identidad fueron adulteradas. Y, finalmente, también se descubrieron fallas en instituciones del Estado como el Banco Nacional de Fomento y el sistema del Poder Judicial.
Debido a la lentitud de la Justicia, los delincuentes siguen presionando a sus víctimas, y ellas, indefensas claman justicia, esperando respuestas de las autoridades. Según datos de la Comisión del Congreso, un 79% de las víctimas son funcionarios públicos, el 6,1% son jubilados y solo el 9,3% empleados privados y del 79% de funcionarios, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación.
Con elocuencia lo dijo el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, “la justicia como la serpiente solo pica a los descalzos”. Nuestro sistema de Justicia tiene una gran deuda con estas personas que han sido estafadas precisamente por las debilidades del sistema; estas son personas y no cifras o anécdotas y merecen justicia y reparación, mientras que sus victimarios, los estafadores y funcionarios venales deberán pagar por todo el perjuicio y el sufrimiento que causaron. Este esquema debe ser desmontado y nuestra Justicia debe reivindicarse.
