La oportunidad histórica entre la Unión Europea y Mercosur, y la amenaza inminente del comercio ilegal y el crimen organizado transnacional.
El acuerdo comercial firmado el 6 de diciembre en Montevideo, entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), el cual se encuentra en proceso de ratificación, es uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos entre dos bloques económicos a nivel global, el mismo que no ha sido sencillo concretar.
Este acuerdo abarca a los países de la UE y a los miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con una población combinada de 780 millones de personas y un PIB de más de 20 billones de euros, el acuerdo busca incrementar el comercio y la cooperación económica, cultural y política entre ambos bloques. De acuerdo con la Dra. Claudette Vernot, “este acuerdo incorpora la reducción de aranceles, la facilitación del comercio y el desarrollo sostenible, pero no llega a formar una zona de libre comercio global. Además, aporta ventajas para ambas regiones: Eliminando las barreras no arancelarias, simplificando los protocolos sanitarios y fitosanitarios y los procedimientos aduaneros, lo que mejora el acceso a los mercados y reduce los costes operativos”.
Sin duda alguna, es paso necesario y crucial hacia la integración de las economías de ambos lados del Atlántico. Más importante aún en la medida que el mundo “globalizado” que conocíamos tiende a una mayor “regionalización” de sus alianzas y bajo esta perspectiva, Mercosur seguramente se consolidará consolidarse como el bloque económico regional más poderoso de Latam.
Pero no todo es color de rosa, los desafíos son enormes. Es fuerte la preocupación de algunos sectores europeos, especialmente en relación con la agricultura francesa. La eliminación de aranceles en productos agrícolas podría poner en riesgo a los productores europeos, que temen que las importaciones de productos de bajo costo afecten sus mercados. En el caso de los países del Mercosur, la apertura a productos manufacturados de la UE podría llevar a una mayor competencia interna, lo que podría ser problemático para las industrias locales menos competitivas.
Ante los riesgos que pueden desfavorecer la competencia de mercado, pocas veces se tiene en cuenta uno de los aspectos más críticos ligado a estos intercambios comerciales: el comercio ilícito y el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de productos falsificados. Tanto en países de la UE como del Mercosur, estas actividades ilegales ya representan una amenaza significativa para la economía y la seguridad de la región.
De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio, el contrabando representa el 20% de los productos que circulan en este país, afectando especialmente a los sectores de tecnología, ropa y productos electrónicos. En Brasil, el mercado negro de productos como cigarrillos y bebidas alcohólicas también está en auge; según la Policía Federal, el contrabando de productos ilegalmente introducidos al país desde Paraguay y Bolivia ha aumentado un 10% en los últimos años, representando una pérdida significativa, para el fisco brasileño. En Paraguay, el contrabando de productos ha sido un problema persistente por décadas, particularmente en la región fronteriza con Brasil, donde las bandas criminales se benefician de la fragilidad en los controles y la alta demanda de artículos falsificados y contrabandeados. Y lo mismo sucede del otro lado del Atlántico; de acuerdo con el Dr. Víctor H. Guerra Hernández, “países como Francia y Polonia, principales opositores de este acuerdo comercial son los países con mayor incidencia de comercio ilícito, al menos de productos de tabaco, en Europa”. Quien también nos invita a recordar “que la principal competencia de la industria legal es precisamente la empresa criminal”.
Es innegable que el crimen organizado acude al comercio ilegal como la modalidad de mejor riesgo y facilidad para monetizar sus ingresos ilícitos. Es un sistema de economía criminal circular e inacabable. Los carteles de droga, las organizaciones de contrabando y el crimen organizado operan como redes complejas, aliados en algunos territorios y confrontados en otros, utilizando iguales rutas y métodos para traficar mercancías ilegales, están detrás de apoderarse del control de la cadena de suministro en los puertos marítimos. Esto no solo afecta la economía formal, sino que también crea un caldo de cultivo para la violencia, la inseguridad, y la inestabilidad política y social. Así lo estamos presenciando con el incremento del homicidio en un 40% en las principales ciudades portuarias del hemisferio. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 40 se ubican en Latam y la mayoría son puertos marítimos, zonas de frontera terrestre o regímenes especiales aduaneros.
En mi visión, el acuerdo entre la UE y Mercosur es una gran oportunidad para impulsar no solo el comercio y la cooperación entre ambos bloques, sino también políticas y mecanismos efectivos para prevenir y controlar el comercio ilegal y el crimen organizado. No hay desarrollo económico sostenible y sanos intercambios comerciales sin Estado de derecho.
A medida que se incrementen los flujos comerciales entre ambas regiones, será crucial implementar estrategias conjuntas para contrarrestar las redes de contrabando y falsificación. Y el cono sur no puede convertirse en la compuerta de entrada del contrabando de Europa hacia el hemisferio. La cooperación en áreas de seguridad y control aduanero debe ser un componente clave para garantizar que los beneficios del acuerdo no sean permeados por el crimen organizado, de ahí la necesidad de afianzar la oportunidad para fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en inteligencia y seguridad, como EL PACcTO, Europol y Ameripol para frenar el comercio ilegal. En esta medida, se pueden proteger las economías de ambos bloques de un enemigo que debe ser más estudiado e intervenido por las autoridades.
También, tal como se ha hecho con la Estrategia Triángulos –la alianza estratégica y operativa, de carácter público-privada, para prevenir y combatir el comercio ilegal y el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe–, es fundamental fomentar una colaboración efectiva entre industrias y agencias de aplicación de la ley, especialmente en el Triángulo Sur, de tal manera que permita aumentar la capacidad de prevención y acción contra los sistemas de economía criminal. Sin Estado de derecho, no hay desarrollo económico sostenible, tampoco seguridad, y este acuerdo sin duda será determinante para fortalecer la integración con Europa y aprender de sus exitosas prácticas.
