“En cumplimiento al sorpresivo fallo producido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el pasado 20 de diciembre, a partir de las 0.00 horas del 1 de febrero de 2020 Uber dejará de funcionar en Colombia”, precisó la empresa.
El comunicado añade que Uber considera la decisión de la SIC “arbitraria, pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.
“Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia”, añadió.
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UBER VS. TAXIS
La SIC ordenó en diciembre la suspensión del servicio de Uber en el país en una audiencia para resolver la demanda que interpuso la compañía Cotech SA, que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis, en contra de la multinacional norteamericana.
Uber recordó hoy que hace seis años fue la primera en ofrecer al país “una alternativa de movilidad innovadora y confiable”, y lamentó que “Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.
No obstante, aclaró que el servicio de entrega de comidas a domicilio Uber Eats “no se ve afectado por la decisión de la SIC” y que los usuarios seguirán teniendo acceso a esa aplicación.
APELACIÓN EN CURSO
Uber dijo además que apeló inmediatamente el fallo de la SIC “y está utilizando todos los recursos legales para defender el derecho de dos millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.
La compañía anunció ayer su intención de demandar al Estado colombiano alegando que incumplió el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con Estados Unidos al ordenar la suspensión de sus operaciones en el país.
Así lo expresó una carta enviada al presidente colombiano, Iván Duque, y revelada por medios locales, en la que señaló que es una empresa amparada por las leyes del estado de Delaware (Estados Unidos) y que en consecuencia “es un inversor protegido” de ese país.
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Igualmente dice que Uber Colombia es una subsidiaria de Uber y por lo tanto es una “empresa protegida en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC)”.
La compañía estadounidense achacó las medidas “arbitrarias y discriminatorias” de Colombia contra Uber a “la presión política de los intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule sus inversiones”.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, mostró ayer su desacuerdo a lo expresado en la carta y enfatizó que “la protección de una inversión bajo el TLC tiene una norma fundamental y es que el inversionista tiene que ser protegido, pero sobre todo y ante todo tiene que cumplir estrictamente las normas de país donde está haciendo la inversión”.
Uber llegó a Colombia en 2013 y está presente en al menos 12 ciudades bajo las modalidades de “Uber X”, Uber Van” y “Uber”.
