Los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel se mantuvieron en su resolución de rechazar los incidentes previos presentados por la defensa del ex ministro del Interior.
Con ello, rechazaron la nulidad de la acusación por indeterminación de los hechos. También mantuvieron su posición al admitir las pruebas como la declaración de Marcus Vinicios Espíndola, hecha en una cárcel del Brasil, sin conocimiento de la defensa.
Además, se ratificaron al admitir la declaración del brasileño por vía telemática, además de diferir la resolución de la exclusión probatoria luego de conocido el contenido de las pruebas.
Con esto, después del rechazo, la defensa solicitó el acceso a las pruebas provenientes del Brasil, ya que no tienen conocimiento de ellas. Los jueces señalaron que les serán proveídas cuando ellos las reciban.
Posteriormente, se realizó la lectura del auto de apertura a juicio oral, específicamente, respecto a los hechos acusados, así como el fundamento jurídico.
Luego vinieron los alegatos iniciales de los fiscales Jorge Arce y Verónica Valdez, quienes señalaron que probarán que el ex ministro recibió beneficios de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Pauda para ganar licitaciones.
Específicamente los agentes remarcaron que supuestamente la empresa de Espíndola arregló vehículos de la Policía Nacional, además de prestarle a Giuzzio un vehículo en el Brasil.
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La defensa –a cargo de la abogada Gilvi Quiñónez– también presentó sus alegatos, en los que señaló que el beneficio del arreglo de los vehículos era para la Policía Nacional, y respecto al vehículo dijo que fue arrendado a la firma, con pagaré incluido.
Posteriormente, los jueces indicaron que el juicio oral seguirá el próximo 16 de marzo, a las 08:00.
No existió coima
Al concluir la audiencia de esta mañana, el ex ministro Giuzzio señaló: “No existió tampoco un pedido. El bien no es mío, sino un beneficio para la Policía. Si es que el Tribunal acepta eso, cientos de policías deberán ser procesados, cientos de ministros, ya que la comunidad apoya a la Policía Nacional”.
Remarcó que “si el Tribunal acepta ese hecho, policías que aceptan combustibles para sus patrulleras, los policías que solicitan la reparación de sus patrulleras, van a ser procesados”.
Explicó que en el contexto en el que ocurrió, la necesidad exigía que el ministro del Interior se preocupara por la seguridad de sus policías. Recordó los atentados donde murieron militares y policías enfrente de la estancia de Zavala que “arrendaba Horacio Cartes”, por lo que la situación era delicada, según explicó.
Además, refirió que la reparación de vehículos no era para él, sino para la Policía. “No recibí ni un guaraní. Esa gente reparó sin mi consentimiento y conocimiento, reparó el vehículo de la Policía como una suerte de responsabilidad social compartida”, afirmó.
Remarcó que el ministro del Interior, como política de seguridad ciudadana, parte de eso la posibilidad de que la ciudadanía colabore con la Policía.
Con relación al segundo hecho, alegó que el supuesto beneficio de préstamo del rodado, presentó documentos aportados por la empresa, aceptados por la Fiscalía donde se adjuntó el contrato de arrendamiento y pagaré aún vigente.
“Qué va a ocurrir si el Tribunal me condena y la empresa me ejecuta el pagaré. Es ilógico; los dos hechos no existen, solo en la imaginación de la Fiscalía y el sector mediático y político vinculado a Horacio Cartes”, aseguró.
