El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos y Crimen Organizado ratificó este miércoles la inhibición general de enajenar y gravar bienes para el gobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra procesado por el presunto hecho de lesión de confianza, según informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.
El Tribunal también ratificó la medida para otros cuatro procesados, además de rechazar por extemporáneo el recurso contra la resolución que admitió la imputación de Guido Portillo, uno de los procesados junto al gobernador.
Los antecedentes
El gobernador de Central, perteneciente al movimiento Honor Colorado, fue imputado el 1 de noviembre de 2021 junto a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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Según la investigación, el gobernador habría autorizado desembolsos de dinero para ejecutar obras a favor de la Fundación CIAP, con financiamiento de los fondos para la reactivación económica a causa de la emergencia sanitaria.
Lo grave, según la imputación, es que no se presentaron proyectos que justifiquen los desembolsos. Se liberaron G. 3.063.360.000 para construcción y mantenimiento de espacios públicos y G. 2.042.240.000 para pavimentación asfáltica y empedrado, pero sin detalles.
Además de eso, el proceso de adjudicación de fondos a favor de CIAP sería irregular, porque no cumpliría los requisitos establecidos en la ley.
Hugo Javier González se presentó ante el Ministerio Público a inicios de este mes, pero se abstuvo de declarar.
Otros procesados
Además del gobernador, se encuentran procesados Javier Rojas Giménez, director de Administración y Finanzas de la Gobernación; Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación CIAP; Paulino Palacios Recalde, tesorero de la citada organización, y Nicolás Emanuel Álvarez Doria, síndico de CIAP.
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También fueron imputados Lourdes Lezcano Decoud, secretaria general de la Gobernación; Armando Soler Espínola, secretario de Obras Públicas, y Luis Allende Araújo, ex jefe de Tesorería.
Otros encausados son Édgar Zaracho Quintana, asesor jurídico de la Gobernación; Guido Portillo Torres, jefe del Departamento de Presupuesto; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de Administración y Finanzas; y Adalberto Benítez Aguilera, ex jefe de Fiscalización de Obras.
Recientemente también fue procesada por lesión de confianza, asociación criminal y declaración falsa Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, funcionaria del Departamento de Control Interno de la Gobernación de Central, en el marco de la causa sobre supuestas obras fantasmas.
