Para la senadora opositora Esperanza Martínez, el gobierno de Santiago Peña es “legionario” por poner en riesgo al país, luego de que solicitara una reinterpretación del delito de genocidio, para favorecer a Israel en el proceso que afronta ante la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya por los ataques militares que diezmaron a la población de Gaza.
Esta medida puso a Paraguay en la mirada de la comunidad internacional, que pide el fin de los ataques en el Medio Oriente y para la parlamentaria, Peña prioriza negocios y el levantamiento de sanciones contra Horacio Cartes.
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“Por un par de negocios, el perdón a Cartes y asegurar algún carguito en algún organismo internacional financiado por Estados Unidos, están poniendo al Paraguay en una posición vergonzosa. Lloran nuestros héroes, lloran los hijos del pueblo que dieron sus vidas por defender la patria”, reclamó.
En el escrito, Paraguay alega que “las presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario” que le fueron impuestas a Israel como acusación, “quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio”.
Paraguay argumenta en su pedido que “el delito de genocidio debe interpretarse de manera coherente con el objeto y el fin de la convención y la jurisprudencia establecida de la Corte, y no debe ampliarse para abarcar otras violaciones del derecho internacional”. “Cualquier ampliación de ese tipo correría el riesgo de diluir la gravedad específica del delito, socavar la seguridad jurídica y crear oportunidades para la instrumentalización o aplicación incorrecta de la convención”, sostiene el Gobierno.
Esperanza alerta que si se da lugar a esta acción del Gobierno de Paraguay “podría significar convertir en letra muerta la convención, permitir la impunidad de genocidas y la desprotección de las víctimas”.
La senadora critica que Paraguay busque blindar al primer ministro de Israel, a quien denominó “amigo de Cartes” y evitar que la Corte Penal Internacional avance hacia una condena.
“¿Por qué Paraguay? Los países que solicitan esta intervención, quedan atados a la interpretación que pueda hacer la Corte. Para evitar este riesgo, usan al gobierno peón de Peña para presentar este mamotreto”, subrayó.
De esta manera, Esperanza alerta que lo más grave es que, en el futuro, Paraguay podría necesitar invocar esta convención “para frenar o condenar atrocidades contra nuestro país”, pero terminaría siendo víctima “de su propio pedido de interpretación restrictiva y quedar desprotegido”.