Hubo voto dividido de los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres. En mayoría entendieron que se debía ratificar el fallo en todas sus partes, mientras que Arias votó por reducir a 8 años la pena para Hugo Javier González y para Miguel Ángel Robles.
En el caso, las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel, el 4 de enero del año pasado, habían encontrado culpable a los acusados de un desvío de G. 5.105.600.000, conforme se probó en el juicio oral.
Según el Tribunal de sentencia, los fiscales Rodrigo Espínola, Néstor Coronel y Francisco Cabrera pudieron demostrar que durante la administración de Hugo Javier se implementó un esquema delictivo, que los proyectos nunca fueron ejecutados y carecían de los respaldos técnicos y financieros necesarios para justificar las resoluciones firmadas por el entonces gobernador.
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Al final, las magistradas condenaron a 10 años de cárcel al ex gobernador, Hugo Javier González Alegre, y a Miguel Ángel Robles Ibarra, ex asesor y ex director de Gabinete de la institución. Fueron hallados culpables de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Además, respecto a los demás procesados Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director de Administración y Finanzas; Lourdes Lezcano Decoud, ex secretaria; Luis Eduardo Allende Araújo, ex tesorero; y Modesta Valiente, ex secretaria, fueron sentenciados a 2 años de prisión cada uno, con la suspensión de la ejecución de la condena.
Todos los procesados plantearon recursos de apelación contra el fallo, donde pidieron la nulidad, por distintos motivos, por lo que requirieron la absolución, o en su caso, el reenvío para un nuevo juicio oral.
Disminuir la pena
Fue preopinante el magistrado Arnulfo Arias, quien hace un recuento de cada una de las apelaciones.
En el caso de Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles, los fiscales habían pedido 8 años de pena, pero los jueces les condenaron a 10 años, una pena mayor a la solicitada sin explicar los motivos.
El camarista apunta que los jueces deberían atenerse a imponer la sanción requerida por la acusación y no aumentarla, porque la solicitada fue objeto del debate en el juicio; quiere decir, que, finalmente y luego de controvertir su posición con la defensa, el Fiscal ha considerado justo lo pretendido y con ello encuentra compensada a la sociedad del mal ocasionado por el hecho punible.
En el presente caso, la pena requerida por el fiscal responde a la evaluación del grado del reproche de los autores Hugo Javier González Alegre y Miguel Ángel De La Cruz Robles Ibarra comprobado en juicio 8 años de privación de libertad, “por ello la imposición de una mayor en perjuicio de los condenados, no corresponde”.
Voto en mayoría
Por su parte, los camaristas Paublino Escobar y Camilo Torres se adhieren en todos los puntos, con excepción de la disminución de la pena a 8 años de cárcel.
Para ellos, la sanción se da por las facultades del Tribunal de Sentencia por las disposiciones del Art. 400 CPP, donde pueden modificar la calificación y hasta la sanción penal.
Además, apuntan que la competencia del Tribunal de Apelaciones que se limita al control de la legalidad, o sea, el análisis de la correcta aplicación del derecho y de logicidad, respecto al cumplimiento de las reglas de la lógica formal o del pensamiento correcto de las conclusiones arribadas por el Tribunal.
“La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y doctrina autorizada de manera insistente ha reiterado que de verificar que el Tribunal de Mérito aplicó y valoró de forma incorrecta los parámetros de la medición de la pena, no puede por decisión directa modificar la misma sino reenviar a un nuevo juicio”, afirma.
Con ello, votan por ratificar todos los puntos de la sentencia condenatoria para todos los procesados.
Hugo Javier actualmente está en libertad, tras pasar un tiempo en Tacumbú, luego de dictarse la condena en su contra. La defensa ahora pueden recurrir a la Sala Penal de la Corte, o a la Sala Constitucional.
