Karina Elizabeth Mazacotte Widmer figura como funcionaria permanente de la Cámara de Diputados, comisionada a la Gobernación de Central.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arizmendi imputaron a la mujer, de profesión contadora, por lesión de confianza, asociación criminal y declaración falsa.
Para los investigadores, la mujer, que se desempeñaba como funcionaria del Departamento de Control Interno, sería cómplice de esos hechos.
Según las investigaciones, Mazacotte Widmer, entre agosto del 2020 y mayo del 2021, habría ordenado el pago a funcionarios mediante transferencias y les solicitó que las facturas salgan a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional, así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación.
Las facturas emitidas por los funcionarios de la Gobernación habrían sido utilizadas posteriormente para justificar los desembolsos de los fondos de emergencia para la reactivación económica por el Covid-19.
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Otros procesados
La Fiscalía imputó el 1 de noviembre de 2021 al gobernador Hugo Javier y a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Además del gobernador, también fueron procesados Javier Rojas Giménez, director de Administración y Finanzas de la Gobernación; Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación CIAP; Paulino Palacios Recalde, tesorero de la citada organización, y Nicolás Emanuel Álvarez Doria, síndico de CIAP.
Asimismo, fueron imputados Lourdes Lezcano Decoud, secretaria general de la Gobernación; Armando Soler Espínola, secretario de Obras Públicas, y Luis Allende Araújo, ex jefe de Tesorería.
Otros encausados son Édgar Zaracho Quintana, asesor jurídico de la Gobernación; Guido Portillo Torres, jefe del Departamento de Presupuesto; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de Administración y Finanzas; y Adalberto Benítez Aguilera, ex jefe de Fiscalización de Obras.
El 29 de diciembre de 2020, el gobernador Hugo Javier habría autorizado desembolsos de dinero para ejecutar obras a favor de la Fundación CIAP, con financiamiento proveniente de los fondos para la reactivación económica a causa de la emergencia sanitaria.
Lo grave, según indicaron en la imputación, es que no se presentaron proyectos que justifiquen los desembolsos. Se liberaron G. 3.063.360.000 para construcción y mantenimiento de espacios públicos y G. 2.042.240.000 para pavimentación asfáltica y empedrado, pero sin detalles.
Según la imputación, el proceso de adjudicación de fondos a favor de CIAP “sería irregular”, porque explican que no cumple los requisitos establecidos en la ley.
