La usuaria Daisy Ortiz fue hallada culpable del delito de estafa. Fue acusada de cometer el hecho punible para ganar en un litigio con la telefonía Claro SA, que la indemnizó con más G. 1.357.372.141 tras haber ganado en tres instancias.
El Tribunal de Sentencia condenó este lunes a Ortiz con dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena. Los jueces Olga Ruiz y Arnaldo Fleitas votaron por la condena, mientras que Víctor Medina por la absolución, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Según este fallo, cuatro magistrados, tres ministros del Corte, la Fiscalía General, más el magistrado del juicio de Ejecución y los de Apelaciones fueron estafados en el caso que culminó en el 2015 a favor de la ahora condenada.
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La imputación contra Ortiz se dio en el 2014 tras una denuncia de la empresa telefónica en el fuero Penal, por lo que Ministerio Público formuló una imputación contra la mujer por estafa y producción inmediata de documentos de contenido falso.
La causa actual es llevada por los fiscales Nelson Ruiz y Fabián Centurión. Este último explicó que, tras un análisis del caso, se pudo verificar que la mujer presentó documentos irregulares durante el proceso por indemnización de daños y perjuicios. Sin embargo, durante el juicio se descartó la acusación por producción inmediata de documentos de contenido falso.
Si bien la empresa Claro decidió no querellar, con esta sentencia se podría impulsar la indemnización de reparación del daño a favor de la empresa privada.
El caso
La causa se inició debido a que la empresa había aplicado una inhibición a la mujer por una supuesta factura impaga de G. 131.000.
La afectada alegó que pagó la cuenta en dos ocasiones debido a intereses que se acumularon, pero la medida de inhibición aún no se había levantado, por lo que la misma decidió iniciar un proceso en el fuero Civil ya que le habría perjudicado en contratos y negocios de su ámbito laboral, en noviembre del 2007.
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La mujer ganó el juicio en primera instancia en abril del 2011, el fallo fue apelado y un Tribunal de Apelación Civil ratificó el fallo en febrero del 2012. La firma fue a la Corte y la Sala Constitucional rechazó la acción promovida por la telefonía con el dictamen favorable de la propia Fiscalía General del Estado en marzo del 2014.
Ortiz también ganó el juicio de Ejecución de Sentencia y la apelación el 21 de diciembre del 2015.
