La Cámara de Senadores se ratificó en su sanción inicial de elevar a 15 años las penas de cárcel para adolescentes que cometan hechos punibles. Ahora, el proyecto retorna a Diputados para su consideración.
Durante el uso de la palabra, el senador Javier Zacarías Irún señaló que se viene experimentando el aumento de adolescentes infractores de la ley y eso implica el aumento de la cantidad de procesos abiertos.
“Esta situación nos lleva a casos de conmoción social”, prosiguió y recordó a María Fernanda y al teniente coronel Guillermo Moral. Ambos perdieron la vida en manos de adolescentes.
“Ambos fueron asesinados por adolescentes que, en caso de ser sancionados, su sanción no superaría los 8 años de cárcel”, indicó.
A su turno, su colega Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, señaló que el objetivo como Estado debe ser garantizar la reinserción, luego de una reeducación de este niño o adolescente infractor y, por eso, se acogen a la versión de Diputados, que propone una pena de hasta 10 años.
Mientras que el legislador liberal Líder Amarilla manifestó que elevar las penas de cárcel no es una solución.
“Vamos a darle 15 años a un adolescente que cometió un delito, pero yo les puedo asegurar que no van a mejorar las estadísticas. Debe ser de 10 años la condena para que haya tiempo de que esa persona pueda reinsertarse a la sociedad, que es el objetivo de las penas”, reflexionó.
Durante el debate, Luis Pettengill dijo que acompaña a todos sus colegas que apoyan la versión de Diputados, pero su postura es la de elevar a 15 años la pena privativa de libertad para casos de sicariatos.
“No es que 15 años le van a dar a cualquiera. Sería para los casos de sicariatos, sería como un freno. Cuando quieran convencerle a un menor para un crimen, él ya va a tener 15 años (de cárcel). Sería como un freno”, acotó.
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Mientras que, para el senador Walter Kobylanski, es necesario “mezclar estas medidas” con la educación, en esa misma línea se expresó el senador Rubén Velázquez, quien señaló que no solo se deben elevar las penas, sino también impulsar un paquete de acciones integrales para evitar que los jóvenes cometan hechos punibles.
“No solo elevando las penas vamos a resolver, si no nos ocupamos del origen del problema”, puntualizó.
La modificación del Senado fue al artículo 207 de la Ley 1680, cuyo texto vigente expresa que “la medida privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años.
En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de ocho años”. El Senado modificó este segundo párrafo del artículo 207, estableciendo la duración máxima de la medida a 15 años.
