Alguna vez debe terminar la opacidad en la declaración de bienes de los funcionarios. Es evidente que la omisión, o el hecho de hacerlo tardíamente, constituye una maniobra vinculada a lo que se mueve por debajo de la mesa. Con estas “avivadas” se busca alguna norma a favor. Es necesario elevar los criterios de rendición de cuentas, pero desde el ámbito donde podrían perfeccionarse las herramientas legales –el Congreso– no parece haber demasiado interés. También es urgente insistir en el fortalecimiento integral de la Contraloría General de la República (CGR).
La transparencia debe ser una actitud inquebrantable para cualquier persona que recibe una remuneración del Estado o que se beneficia de este.
Al hablar de transparencia, no se puede dejar de señalar que el manejo prolijo de los recursos públicos debe ser la esencia para todo funcionario a cargo de los bienes patrimoniales del Estado. Esta claridad en la disposición del erario tiene que ser siempre el norte para cualquiera que ocupe un cargo público.
Mientras, la declaración jurada tanto al ingresar a un cargo o al salir o si varía mientras se ocupe una función debe reflejar con claridad y precisión el patrimonio que se tiene. El cargo que se ocupa, el ingreso mensual que se percibe y los recursos públicos que se administran tienen una relación directa a la hora de realizar las comparaciones de lo que gana el funcionario y el patrimonio que se acumuló en el tiempo. Es por ello que la realización efectiva de las declaraciones juradas en tiempo y forma y los controles son fundamentales para conocer si hubo un aumento patrimonial desmedido del funcionario.
La ley establece que se entenderá como funcionario o empleado público a toda persona nombrada, contratada, o electa por elección popular para prestar servicio en el Estado. La Constitución Nacional, en tanto, establece que aquellos estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar.
Considerando la premisa establecida en la normativa, la integridad y la conciencia del funcionario son esenciales para que se reflejen en las declaraciones juradas su real patrimonio porque el ocultamiento de bienes es una práctica que suele salir a flote cuando sorpresivamente en el tiempo, por alguna investigación periodística u otro factor, se conocen ciertos bienes o rentas no declarados en su momento de algunos funcionarios o ex funcionarios. Y… ya se escucharon todo tipo de excusas desde “olvidos” a “errores involuntarios”.
Nuestro diario publicó que la Contraloría multó a 26 ex legisladores por no presentar sus declaraciones juradas o informar de manera tardía, de acuerdo con los sumarios concluidos del 2020 al 2024. En la lista aparecen 12 diputados de la ANR del periodo pasado, 2 del PLRA, 1 del tercer espacio y 1 independiente. Entre los senadores: Uno de la ANR, 5 liberales y por el tercer espacio 4, entre los que figura Fernando Lugo. Las multas aplicadas oscilan entre G. 5 millones y G. 29 millones. Total: G. 378 millones. Las multas van desde 20 al 100% del salario, dependiendo de los días de atraso.
La CGR cobró más de G. 2.000 millones en multas a funcionarios por incumplimiento en sus declaraciones juradas durante los últimos cinco años.
En caso de que el funcionario pague la multa, pero siga sin presentar sus declaraciones juradas, sufre la retención de su sueldo hasta que se ponga al día, pero al dejar el cargo, la Contraloría no tiene herramientas para exigirle el cumplimiento. Hubo casos de quienes se jubilaron o dejaron el cargo y no presentaron a la salida sus declaraciones juradas.
Es evidente que la negativa a la declaración jurada de bienes o el de hacerlo más tarde es una jugada o maniobra que realizan porque es lo que más les conviene a sus intereses que mueven por debajo de la mesa. Con estas “avivadas” siempre se busca torcer alguna norma a favor.
Salta a las claras que se deben elevar los criterios para la rendición de cuentas del funcionariado, pero desde donde podrían perfeccionar las herramientas legales, en el Congreso no muestran señales en general de estar muy interesados en que se establezcan mejores mecanismos para los controles.
Y hay que insistir también en fortalecer de forma integral a la Contraloría General para potenciar sus capacidades.
