En estos días, causa gran preocupación un hecho de violencia que fue perpetrado contra una comunidad indígena en la zona de Canindeyú. Las imágenes que mostraron los medios de comunicación y redes sociales exhibían casas destruidas e incendiadas. Las pastorales indígena y social de la Conferencia Episcopal Paraguaya exigen a las autoridades tomar medidas urgentes de protección a la comunidad indígena Karapã, que sufrió el asedio y la agresión de civiles armados, quienes destruyeron sus casas y cultivos, expresaron.
Un informe de la Policía reportaba la denuncia del líder de la comunidad indígena Karapã, de Canindeyú, quien había alertado de las acciones de un grupo de personas quienes llegaron hasta la comunidad, efectuaron disparos contra sus viviendas y prendieron fuego a las casas. También señalaba el informe que, cuando las autoridades llegaron hasta la zona para verificar la situación, guardias armados no les permitieron el acceso a la comunidad.
Frente a esta situación, la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi) y la Coordinación de la Pastoral Social Nacional (PSN) de la Conferencia Episcopal expresaron su preocupación ante la violencia ejercida contra la comunidad indígena Karapã, que “fue violentada por civiles armados y que ya han producido un hecho de sangre que, gracias a Dios, no tuvo un desenlace fatal”, decía el escrito.
Sostienen asimismo que los hechos requieren una respuesta urgente de resguardo, seguridad e integridad de la comunidad, pues “las agresiones y violencia contra las comunidades indígenas no son hechos aislados”. Exigieron además a las autoridades adoptar medidas urgentes de protección de la comunidad indígena Karapã, que sufrió el asedio, la agresión y la destrucción de sus casas y cultivos.
Por otra parte, la senadora Esperanza Martínez había explicado en redes sociales que esta es una comunidad que está dispersa por el monte, a la que se le donan alimentos y “estos matones no permiten que la ayuda humanitaria llegue”. La legisladora se explayó también sobre las denuncias: “Entraron matones, quemaron los ranchos de los indígenas. Hicimos la denuncia en Canindeyú y fueron a intervenir, pero la finca es privada y se les prohibió la entrada, a pesar de que se estaban quemando los ranchos”. Relató que desde una camioneta dispararon a un adolescente de 15 años.
Este es un momento oportuno para recordar el mantra preferido de los paraguayos cuando se trata de la Albirroja, la proclamada garra guaraní, solo que dicho orgullo no se extiende desde la ciudadanía para generar solidaridad y empatía con los pueblos indígenas.
El tema indígena en el Paraguay es considerado un problema. Los gobiernos se suceden, la mayoría del mismo partido político desde hace siete décadas, pero el tratamiento a los indígenas es el mismo, la indiferencia absoluta mientras llegan desde el interior para hacer reclamos, y en poco tiempo, muchos de sus integrantes lentamente comienzan un proceso de indigencia en las calles de nuestras ciudades. Para esto, el Estado paraguayo no tiene respuestas ni políticas públicas que hagan realidad los derechos de los pueblos originarios.
El artículo 63 de la Constitución Nacional reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Y el artículo 64 señala que los pueblos indígenas “tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida”. El Estado debe proveerles gratuitamente de estas tierras, las cuales serán “inembargables, indivisibles, intransferibles”, como también está prohibida la remoción o traslado de su hábitat sin su expreso consentimiento.
Reivindicar la garra guaraní cuando jugadores de fútbol clasifican a un mundial de fútbol está bien, pero faltan esfuerzos de parte de la sociedad y de las autoridades para eliminar la discriminación contra los escasos indígenas, herederos de los guaraníes ancestrales. Sobre todo, se debe detener todo acto de intimidación o violencia en contra de las comunidades, y esa es una obligación de las autoridades nacionales.
