Ante la presentación de legisladores de la oposición al Ministerio Público de una denuncia sobre supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de poder contra el presidente de la República, Santiago Peña, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó que la denuncia “debe ser procesada y evaluada” y que el mandatario debe ser considerado inocente hasta que sea comprobada la acusación. Corresponde, no obstante, que el presidente brinde explicaciones a la ciudadanía sobre las acusaciones.
Senadores y diputados de la oposición presentaron una denuncia penal contra el presidente de la República, Santiago Peña, por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, entre otros. Según la acusación, Peña tuvo un crecimiento patrimonial de 1.600%, debido a lo cual piden que la Fiscalía General del Estado lo investigue.
Los parlamentarios dicen haber analizado el crecimiento patrimonial desde que Santiago Peña ingresó a la función pública y cuando luego se convirtió en presidente. La acción ante la Fiscalía fue encabezada por el senador Rafael Filizzola, y respaldada por la diputada Johanna Ortega, además de otros parlamentarios y subraya una brecha de crecimiento económico del presidente Santiago Peña de unos G. 21.672 millones. Afirma Filizzola que Peña inició su mandato con un patrimonio de aproximadamente de 1.000 millones y sumó un crecimiento injustificado de 1.603%; por otra parte, el senador vinculó al mandatario con el Grupo ueno, en operaciones financieras y comerciales con entidades públicas. “El presidente era parte de ese grupo empresarial hasta hace poco. El Grupo ueno no solo administra los ahorros de los jubilados, sino que también está involucrado en negocios de tecnología 5G y maquinaria médica”, sostuvo. (ÚH, octubre 3, 2025)
La denuncia hace referencia, asimismo, a la recepción de sobres con dinero en la residencia presidencial y supuestas órdenes de entrega de dinero dadas por la primera dama. Sobre el posible lavado de activos, se acusa la compra de acciones y bonos en empresas con antecedentes judiciales o movimientos de dinero no registrados. Y, en cuanto al tráfico de influencias remarcan los nexos de Peña con empresas adjudicadas con más de 29 contratos públicos por un valor total de G. 992.000 millones.
Tienen razón los legisladores al cuestionar al Ministerio Público su inacción. Por eso, resultó oportuno que le recordaran al fiscal general, Emiliano Rolón, que el mismo había decidido investigar al ex presidente Mario Abdo Benítez por sus presuntas cuentas en Seychelles. La Fiscalía había abierto una causa penal para indagar al ex presidente de la República por presunto ocultamiento de dinero en un paraíso fiscal.
La Fiscalía General del Estado se encuentra ante una verdadera prueba de fuego y no basta con la afirmación del fiscal general diciendo que la denuncia presentada por la oposición contra el presidente Santiago Peña, “debe ser procesada y evaluada” o como afirmara en una entrevista, “A veces, no es solamente una denuncia suficiente, no es la mención de un funcionario influyente, no es solamente la mención de aspectos del hecho”. El fiscal general mencionó el estado de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva, que es un derecho constitucional. Para llegar a ese punto sin embargo, el fiscal deberá antes hacer antes su trabajo, vale decir, investigar con rigor y con responsabilidad.
No hay intenciones de lesionar derecho alguno del primer mandatario, especialmente la presunción de inocencia, pero Santiago Peña tiene la obligación moral y ética de dar respuestas a la ciudadanía.
Peña como presidente debe explicarle al pueblo paraguayo, que es su mandante, sobre la naturaleza de las denuncias sobre supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de poder.
Debe tener presente asimismo que la Constitución Nacional establece que la soberanía reside en el pueblo, que el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio y lo ha elegido a él para que gobierne en su nombre. Su trabajo es procurar bienestar para todo el pueblo y ese es un compromiso que nunca debe olvidar.
