Señalan que a pesar de pruebas contundentes existe complicidad entre Fiscalía y Juzgado para la realización del juicio oral y público de los tres médicos denunciados.
La víctima de la supuesta negligencia médica, identificada como Viviana Lucía Rodríguez Villalba, de 27 años, falleció luego de unas 48 horas posteriores a la cesárea.
La mujer dejó tres hijos huérfanos, incluido el que trajo al mundo en el procedimiento médico llevado a cabo en el hospital de la ciudad de Caaguazú, el 15 de setiembre de 2020.
Los imputados por el Ministerio Público son los doctores Víctor Roa, Diana Espillaga y Agustina Ovando. Esta última beneficiada por una medida otorgada por el juez Antonio Duarte, con el sobreseimiento definitivo, a instancias de la fiscala Rita Prieto.
La parte denunciante de la presunta negligencia médica teme que se conceda la misma resolución a favor de los otros dos profesionales, antes de la acusación y del juicio oral.
Diana Rodríguez, hermana de la víctima, exteriorizó su preocupación por el sobreseimiento definitivo a una de las médicas procesadas en la causa, a pesar de existir pruebas que la comprometen. “Ya fueron dos juntas médicas que señalan que no se ha seguido el protocolo de cuidados postoperatorio. Agustina Ovando fue la primera que estuvo de guardia, la que observó a mi hermana, notando un bulto, una hinchazón en el abdomen y no hizo nada”, indicó.
Esperan que la Fiscalía sopese las evidencias que tiene en sus manos. “El deber del Juzgado y de la Fiscalía es proteger a las víctimas y a nosotros nos ignoran hasta ahora. Están salvando a una médica que es culpable. Lo que queremos es que los tres médicos sean acusados y llevados a juicio oral”, sostuvo.
La causa inicialmente estuvo a cargo del fiscal Alfredo Mieres, quien fue recusado por los denunciantes. Luego, la carpeta pasó a la agente Rita Prieto, quien explicó que la responsabilidad de los tres profesionales imputados es individual acorde a la responsabilidad de cada uno en el proceso de atención a la paciente.
“La participación o responsabilidad de cada uno es personal; se analiza la porción de hecho de cada profesional y, de acuerdo a ese resultado, se adecua a la norma. Tenemos dos personas que aún están procesadas en la causa pendiente de un requerimiento conclusivo”, señaló.
Prieto refirió que una de las especialistas tuvo el requisitorio de sobreseimiento definitivo en la audiencia preliminar, donde se le había dado un requerimiento de oposición. De Fiscalía General salió con un sobreseimiento provisional por falta de certeza absoluta.
