Uno de los proyectos que debe tratar el Senado, antes de que termine el año, es el protocolo de eliminación de comercio ilícito de productos de tabaco.
En ese sentido, el presidente de la Unión Tabacalera de Paraguay y de Tabacalera del Este (Tabesa), José Ortiz, volvió a insistir a la Cámara Alta que rechace el protocolo que fue remitido por el Poder Ejecutivo.
“En este tipo de protocolos siempre hay intenciones o va concatenado con artilugios que llevan a una competencia desleal. El protocolo alcanza a las empresas que cumplimos las leyes”, cuestionó en contacto con Monumental 1080 AM.
Igualmente, sostuvo que todo el marcado ilícito del tabaco se fortalece cuando más exigencias e impuestos confiscatorios le ponen al mercado lícito. En ese sentido, señaló que en el Brasil cada semana cae una fábrica clandestina, pero que el Gobierno está analizando bajar los impuestos.
“Yo como presidente de la Unión Tabacalera pido el rechazo de este proyecto. Lo que plantean tienen cosas inaplicables y plantear una ley inaplicable es absurdo”, remarcó y consideró que el proyecto solo busca meterse en la logística de las empresas lícitas.
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El presidente de Tabesa dejó en claro que no se opone a la lucha contra el mercado ilícito del tabaco, pero sí está en contra de la competencia “desleal que está solapada dentro del protocolo”.
“Esta ley debe llamarse ‘protocolo para el fortalecimiento de las fábricas clandestinas’”, expresó.
Las tabacaleras argumentaron que la aprobación del protocolo agregará más costos a quienes trabajan lícitamente en la producción, importación, exportación y comercialización de productos de tabaco.
También, expresaron que el cuidado de la salud de las personas expuestas a las consecuencias del consumo de tabaco está cubierto en la legislación paraguaya vigente por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), mientras que la producción y comercio de dichos productos están regulados por la Ley 6107/18 “De transparencia de la cadena de suministro de tabaco y sus productos”.
Según el Ejecutivo, el documento busca proteger a las generaciones presentes y futuras de “las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas” del tabaco.
