La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, señaló a través de su cuenta de Twitter que los imputados por transgredir las normas de emergencia sanitaria suman ya 1.107 a nivel país. El Gobierno estableció una serie de restricciones para la circulación de vehículos y personas en las calles.
“No nos cansamos de exhortar a la ciudadanía a que se quede en sus casas para contener la propagación del Covid-19. El Ministerio Público sigue firme en las calles cuidándote”, expresó la fiscala.
Los agentes del Ministerio Público acompañan los controles en diferentes puntos del país, exigiendo el certificado de trabajo que habilite la circulación, en caso de los empleos y servicios exceptuados en el decreto presidencial.
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La fiscala integrante del equipo sanitario contra el Covid-19, Teresa Sosa, reconoció que los principales problemas con los que se encuentran son “las empresas que obligan a sus trabajadores a ir a trabajar y las personas que creen que están de vacaciones”.
Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que las personas que incumplan con el aislamiento social establecido hasta el próximo 12 de abril, se exponen a una pena carcelaria de hasta cinco años o multa, como también a una condena mínima de seis meses de prisión.
