La sostenibilidad del sistema previsional en Paraguay atraviesa su momento más crítico. El subsistema de jubilaciones y pensiones del sector público, comúnmente denominado Caja Fiscal, se enfrenta a un déficit actuarial y financiero que amenaza no solo la seguridad social de los funcionarios, sino el equilibrio macroeconómico y el espacio fiscal necesario para financiar políticas públicas para el resto de la población. La brecha estructural entre la población trabajadora, los aportantes civiles y los regímenes de las fuerzas públicas (militares y policiales) emerge como un punto neurálgico del debate.
Debido al importante déficit del régimen militar y policial, representantes del sector presentaron nuevas propuestas para ser evaluadas en el Congreso Nacional. Sin embargo, estas mantienen las inequidades, pretendiendo subsanarlas con la creación de nuevos impuestos, evidenciando la tensión entre la preservación de privilegios históricos y la necesidad de un sistema equitativo y financiable.
La Caja Fiscal está integrada por varios sectores entre los que se encuentran el magisterio nacional, militares y policías. Estos generan déficit entre los aportes y los pagos de jubilaciones. El déficit del magisterio se cubre con el subsidio de otros colectivos laborales civiles, mientras que el déficit de las fuerzas públicas se está cubriendo con fuentes del Tesoro, principalmente impuestos.
La crisis no es solo el resultado de una mala administración, sino de un diseño institucional que otorga privilegios excepcionales a militares y policías en comparación con el sector civil del personal público y el privado (IPS). Entre estos privilegios destacan la posibilidad de retiro en edades tempranas y con reducidos años de aportes. Esto genera un periodo de percepción de haberes jubilatorios que puede ser más largo que el periodo de aporte activo.
La segunda razón de desigualdad es que el promedio de los civiles se jubila con un porcentaje de su salario promedio mientras que los militares y policías mantienen haberes equiparados al salario del trabajador en actividad. Esto implica que cualquier aumento salarial para el activo se traslada automáticamente al jubilado.
Estas condiciones crean una jerarquía de ciudadanos ante la seguridad social. Un docente o un administrativo debe trabajar más años y aportar bajo reglas más estrictas para recibir beneficios proporcionalmente menores que un uniformado.
Ante la inminencia de la reforma, diversos gremios de policías y militares retirados han planteado alternativas que eviten el aumento de sus años de aporte o la reducción de sus beneficios. Una de las propuestas es la creación de impuestos a la exportación de granos (soja y otros) para financiar directamente el déficit de su caja.
Desde una perspectiva de política económica, esta propuesta es problemática. En primer lugar, busca “parchar” un problema de diseño estructural sin resolver la raíz del gasto. En segundo lugar, profundiza la fragmentación del sistema tributario, vinculando la seguridad social a las exportaciones de commodities. La evidencia en pensiones sugiere que los sistemas más eficientes son aquellos que unifican criterios y poseen una base de financiamiento amplia, no aquellos que dependen de impuestos específicos para sectores privilegiados.
La reforma de la Caja Fiscal es un imperativo de justicia redistributiva. Reducir los privilegios de los uniformados no es un ataque a la institución, sino una medida para garantizar que el Estado pueda cumplir con sus funciones esenciales de salud y educación, en lugar de destinar una porción creciente del PIB a cerrar el agujero que generan las jubilaciones. Una reforma genuina debe aspirar a la convergencia: Establecer reglas similares para todos los servidores del Estado en las que la edad de retiro sea coherente con la expectativa de vida actual y que los beneficios guarden relación con los aportes realizados y la estructura demográfica. La equidad entre aportantes es indispensable para asegurar una estabilidad social y fiscal permanente.
