La primera política necesaria, ineludible y urgente es ajustar el sistema y los procesos educativos a las disposiciones pertinentes de la Constitución Nacional y las leyes. No se puede justificar ni entender ni aceptar que, en un Estado de derecho, nada menos que la educación del Estado, dirigida y administrada por el Gobierno, esté al margen de artículos de la Constitución y las leyes.
La gravedad del hecho solamente se explica por desconocimiento; y en esta situación anómala los ciudadanos profesionales estamos obligados en conciencia a colaborar con el bien común y alertar sobre lo que está sucediendo. En este caso, sugiero que se abra la política educativa de ajustar el sistema y los procesos a lo dispuesto en la Constitución y las leyes correspondientes. Por su naturaleza y trascendencia, se trata de una política de Estado y no solo de gobierno.
Dada la creciente complejidad de la educación y la necesidad de la educación permanente de todos los ciudadanos (y artículo 73 de la Constitución) es urgente iniciar una política de integración y cooperación entre todas las instituciones y ministerios del Gobierno y del Estado comprometidos institucionalmente con la educación y el desarrollo humano, como el Ministerio de la Mujer, Niñez y Adolescencia, el de Bienestar Social, el de Economía y su Comisión de Planificación (ex Secretaría Técnica de Planificación), el de Trabajo, la Secretaría de Cultura, Obras públicas y el de Salud (¿No sería más razonable, y eficaz que Obras Públicas se ocupara de construir y mantener las instituciones educativas y que Salud se ocupe de la alimentación escolar?).
Pero por el artículo 75 de la Constitución Nacional están especialmente comprometidos con la educación los municipios, el Congreso y el Poder Judicial (¿acaso nada tiene que ver la administración de la Justicia con el hecho del desacato a disposiciones de la Constitución y las leyes?).
Ante la grave crisis de calidad de la educación nacional es obvio que las políticas educativas vigentes y el MEC que tenemos solos no pueden hacer los profundos cambios necesarios y urgentes. Todos los organismos del Gobierno y del Estado vinculados y/o afectados por la producción de la educación nacional deben integrar sus esfuerzos para salvar a la educación de la humillación internacional y su estancamiento.
Igualmente, urgente es activar nuevas políticas educativas para actualizar nuestro sistema y nuestros procesos educativos, los currículos, planes y programas, la pedagogía y la didáctica.
Los currículos escolares actuales tienen la estructura y las características de los currículos de mediados del siglo pasado, ignoran, por ejemplo, la ya larga vigencia de la interdisciplinariedad y el tratamiento de las ciencias y las disciplinas por áreas.
Son muchos, sustantivos y acelerados los cambios que están provocando las ciencias, las tecnologías y las globalizaciones no solo en los modos de relacionarnos, trabajar, vivir y convivir, sino también en el modo de ser humanos, como hace ver la nueva rama de la antropología tecnológica o virtual, para permitirnos la pereza profesional de mantenernos estancados en la pedagogía de los años 50 del siglo pasado. Los costos de pérdidas son incalculables
