Quienes hayan leído el hoy ya clásico Gomorra, de Roberto Saviano, tal vez recordarán que uno de los grandes aportes de la mafia siciliana a la estructura de negocios del crimen organizado internacional fue la adopción de un modelo público-privado de gestión, coherente con el neoliberalismo imperante en el periodo 1980-2010: la creación de empresas de fachada para acceder a grandes, gigantescas licitaciones públicas, en vastas regiones de Italia y Europa del Este. De alguna manera, estas erogaciones de los Estados nacionales eran impulsadas por el negocio del tráfico ilegal de mercancías y personas, por la necesidad de lavar capitales, a menudo de manera transnacional.
La “tesis del nivel de seguridad” es –según el investigador italiano Francesco Guerra, quien estudió en dos capítulos de un libro la “conexión paraguaya” en la división internacional del crimen– “la medida en que el tráfico ilícito” no afecta “la vida de los ciudadanos, amenazándolos o incluso peor”. En esta tesis el tráfico “inevitablemente se cruza con la economía legal”, pero “puede al menos ser tolerado”. Aquí la sangre, supuestamente, no mana de inocentes. Sin embargo, en Brasile, Paraguay e Colombia: tra la rotta Narcosur, Hezbollah e Falsi positivi (2022), el investigador de la Universidad de Pisa arguye que esta tesis de nivel de seguridad se ha visto ya rebasada en Paraguay, por la mutación operada desde hace veinte años en la frontera paraguayo-brasileña del noreste. Es en el auge del tráfico de cocaína, por sobre la producción de marihuana, donde está la clave de la cuestión. Este auge coincidió con un cambio histórico operado en el diseño de las rutas por donde la cocaína, producida en Ecuador, Perú y Bolivia, debía pasar para proveer a los mercados de Europa desde Sudamérica, pero también como vía alternativa al histórico mercado norteamericano. Pero para que este auge se dé había que dar un salto histórico en Paraguay, mientras los líderes de las bandas cariocas y paulistas se refugiaban en nuestro país de la persecución brasileña: había que “desnacionalizar” los cárteles regionales paraguayos mediante una receta infalible: la violencia.
La subcontratación de plantaciones en la frontera con Paraguay, la apropiación de rutas regionales, y la facilitación de la logística para la internacionalización de mercancías: tales los “servicios” que el país debía ofrecer a los amplios capitales que el Comando Vermelho y, sobre todo, el Primer Comando Capital, estaban dispuestos a hacer fluir desde el Brasil a comienzos de este siglo, que es cuando ocurrió algo que también les ocurrió a México y Colombia en algún momento de su historia reciente: la modificación artificial de sus territorios a la medida de los límites impuestos por los grupos del crimen organizado. Pero el caso paraguayo es distinto: no solo no produce la mercancía –término utilizado en estas filias y fobias en el sentido estrictamente de la economía política–, como en México y Colombia, sino vio modificado su territorio por organizaciones paraestatales provenientes de otro Estado: Brasil.
En el periodo que va del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, pasando por el de Fernando Lugo hasta el final de la gestión de Horacio Cartes (gobierno este durante el cual Jarvis Pavão fue extraditado, y Jorge Rafaat, asesinado), fueron derrotados los reyes regionales y de raigambre “nacional” del narcotráfico. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y a partir de una fuerte presión internacional mediante acuerdos multitilaterales en materia de represión del narcotráfico y el lavado de activos, es que hubo por primera vez una represión a gran escala de este negocio. En ese contexto, fue asesinado en Colombia el fiscal Marcelo Pecci.
No es atolondrado entonces decir que bajo el gobierno de Cartes (¿con su anuencia?) fue que se “despejaron” los últimos enemigos del Primer Comando Capital y el Comando Vermelho. Queda un rival mucho menor, pero revoltoso: el Clan Rotela. Enrique Riera es el encargado de eliminar este último escollo del Narcosur transnacional en el Paraguay
