El pasado 18 de enero se daba a conocer la decisión del tribunal de Hannover perteneciente al estado federado de Niedersachsen o Baja Sajonia, en el cual realizaba una evaluación de las condiciones de encierro del ciudadano alemán Robin Malte Schneider, en el que consideraban que 1 día de cárcel en Paraguay es el equivalente a 3 días de encierro.
En la evaluación, el tribunal alemán consideraba las condiciones materiales de la Penitenciaría de Tacumbú –donde se encontraba encerrado– la habitabilidad y calidad de vida, así como los riesgos y peligros reales para la vida.
Es así, que los 5 meses de encierro en Paraguay le fueron computados como 1 año y 5 meses de la pena total impuesta (8 años), aplicando un criterio de derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas. Personalmente creo que este cálculo fue muy benigno y que incluso le pudieron dar un 1x10.
La Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) destinada de manera exclusiva para personas que cuentan con condenas firmes y que es destinada para la reinserción social de los privados de libertad nos sacude con una terrible noticia que cobra notoriedad por la persona afectada.
Lo ocurrido con el ex gobernador de Central presenta muchas interrogantes y muchos supuestos en los cuales no voy a hacer mención. El caso que más allá de todo lo que se teje a su alrededor debe cuestionarnos sobre el encierro y su rol real y efectivo, ¿sirve realmente para una reintegración prosocial o es un sistema de reproducción de las lógicas institucionales y sociales?
Nelson Mandela señalaba que para conocer una sociedad se debía visitar sus prisiones, debido a que dentro de las mismas se desarrollan las practicas y lógicas que rigen la vida social.
Si bien el Ministerio de Justicia impulsa una nueva gestión penitenciaria, la seguridad operativa de las prisiones, tanto en sus dimensiones dinámicas y pasivas se sustentan en una organización, gestión y funcionamiento en lógicas de corrupción que se resisten a desaparecer a pesar del esfuerzo que la institución realiza.
Las hipótesis manejadas con relación a lo ocurrido con el ex gobernador suponen de fondo razones económicas y de corrupción, y nos llevan a preguntas fundamentales que hacen a lo que se invierte efectivamente en seguridad humana en las prisiones.
¿Quiénes pueden acceder a programas de reinserción? ¿Solo las personas con capital para pagar proyectos? ¿Solo se cuida y defiende a quién paga? ¿Las prisiones son sistemas útiles de criminalidad? ¿Criminalidad y encierro, quien sostiene a quién?
Hoy, la reinserción social es vista como gasto y no como inversión, y cae el peso de esta en la capacidad que tienen los privados de libertad en poder llevar adelante un emprendimiento.
Es así como la reinserción se vuelve un beneficio de los que tienen más, de los que pueden costear sus insumos y pueden adquirir seguridad y tranquilidad en sus centros penitenciarios. Si queremos cambiar esta realidad debemos invertir real y efectivamente en ese nuevo sistema de gestión penitenciaria y mejorar la calidad de vida de los privados de libertad y las condiciones laborales del personal técnico.
