09 sept 2026

Responsabilidad estatal

El Código de Ejecución Penal que rige actualmente el régimen penitenciario señala en su artículo 87, los derechos de los internos, y, en su inciso 2, apunta: “A que la administración vele por sus vidas, su integridad psíquica, física y su salud”.

Esto, evidentemente, viene de lo que dice la Constitución sobre el derecho a la vida y a la protección de la integridad física, entre otros puntos consagrados como derechos fundamentales en nuestra Ley Suprema.

Es que, las personas que están encerradas, sean prevenidas o condenadas, están en custodia del Estado, por lo que es el que debe velar por su vida, su integridad síquica, física y su salud.

Lastimosamente, esto siempre fue materia pendiente en el Paraguay, al punto de que nuestro país fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplir con las normas relativas a la reclusión de personas.

Esto también viene como consecuencia del abuso de la prisión preventiva por la mentalidad bien nacional que entiende que si una persona no está presa, no existe la justicia. Incluso, con la creencia de que construyendo más cárceles se va a solucionar la delincuencia en nuestro país.

Sin embargo, el tener tantas personas recluidas también genera un alto grado de responsabilidad del Gobierno, ya que debe velar por su vida y seguridad.

Hace unos meses hubo una epidemia de tuberculosis en las cárceles. Incluso antes cuando en motines varios internos fueron decapitados, lo que produjo un cambio legislativo que dentro de poco será olvidado y volveremos al sistema inquisitivo de siglos pasados.

Justamente, para evitar que la imagen de nuestras cárceles empeore, es menester que lo ocurrido con el ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre sea esclarecido.

Es que no puede ser que un hecho que se produjo en una celda donde solo había dos personas, tenga más de cinco hipótesis –si no son más– de posibles explicaciones acerca de lo sucedido con el condenado en un penal industrial donde están los internos con mejor conducta.

Desde una caída en el baño, un ACV, un evento médico seguido de una caída, una agresión por terceros, una combinación de varios de estos factores, entre otras cosas, según las autoridades. Ahora, hasta se conformó un equipo de fiscales que investigará lo sucedido.

No obstante, un conocido criminólogo dio otra explicación de lo sucedido, señalando que fue una agresión a raíz de una deuda impaga entre reclusos. Supuestamente, por la venta de unos termos. Incluso, sostiene que, según sus fuentes, el autor tuvo que ser llevado al hospital para curar las manos tras la golpiza.

En fin, esta cantidad de hipótesis y explicaciones no tendrían que darse si es que la administración penitenciaria funcionaba como debía. No se garantizó la vida, la integridad física y la salud del recluso, al punto de que su vida corre grave peligro.

Lo peor es que la situación se supo solo porque la víctima es una persona mediática. De acuerdo con los expertos, esto es cosa de todos los días en los penales y, prueba de ello, es la cantidad de muertes que se tienen, pero que no son dadas a conocer.

A esto se suman también las torturas que se realizan en los penales de alta seguridad. Es que, según las normas internacionales, encerrar por 22 horas a una persona y darle solo 2 horas para que pueda ver la luz del sol es inhumano.

Con la excusa de la peligrosidad, se violan cada vez más los derechos de los presos. Esta conducta repetitiva ya fue advertida en varias ocasiones por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aunque hasta ahora el Gobierno hace oídos sordos por esta situación.

Mientras tanto el Poder Judicial, custodio y encargado de hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo único que hace es legitimar este hecho, con el pretexto de que es responsabilidad del Ministerio de Justicia.

No podemos olvidar que los reclusos también son seres humanos. Los condenados, bien o mal, están pagando por los hechos que cometieron, pero no por ello quedan sin derechos. La Constitución no distingue a las personas para consagrar sus derechos fundamentales como la vida y la integridad física, por más que estén encerradas.

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