Durante la continuación del juicio oral a Camilo Soares y Alfredo Guachiré se presentó a declarar el representante de la empresa Supermas Juan Villalba, quien también proveía a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en el 2009 y cuyo testimonio sirvió para caratular el caso como “Coquitos de Oro”.
Villalba en su momento había presentado un listado de precios del año 2009, en el cual él manifestaba que el precio de G. 5.590 por kilo de coquito o panificado lo podía haber conservado durante todo el año 2009.
Sin embargo, el ex ministro de la SEN mencionó que mediante oficios proveídos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se pudo constatar que la empresa Supermas vendió los mismos productos al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, ese mismo año, por valor de G. 5.300 y en otros alrededor de G. 8.000.
“Cómo es que era tan diferente el precio entre instituciones y aquí es donde él no supo explicar”, comentó Soares sobre lo ocurrido en el juicio, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
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Indicó que otro punto que llama la atención es que el testigo fue ofrecido por la Fiscalía, pero que al principio del juicio se desistió de su testimonio cuando esto fue la base para formular la imputación.
Soares recordó que el abogado del testigo es Óscar Tuma, quien en ese entonces era diputado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el denunciante del hecho punible ante el Ministerio Público.
“¿En qué a nosotros nos favorece? En que esto demuestra que el señor Juan Villalba se fue a mentir en sede fiscal y dijo que fue su asesor Óscar Tuma quien le dijo que presente la nota, entonces lo que vamos a demostrar aquí es que la propia acusación se basó en un testimonio falso comprobado documentalmente”, sostuvo.
Por su parte, la fiscal Victoria Acuña precisó que hay varias pruebas, no solo las que aportó el testigo, como documentos de otras empresas que también proveían a la SEN y que tenían precios menores a los que se compraron, en las compras directas que están siendo objeto de juzgamiento del Tribunal de Sentencia.
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La representante del Ministerio Público explicó que la compra de coquitos se realizó dentro de una compra directa vía decreto de emergencia de varios departamentos del país, por lo que hubo un proceso simplificado.
“Lo que siempre se cuestionó por parte de la acusación es que existiendo empresas que proveían en otra circunstancia, como en licitaciones —que sabemos llevan mucho más tiempo para la adjudicación— y el pago que en ese momento era de cumplimiento inmediato porque era simplificado, pero aún así los precios eran superiores”, argumentó Acuña.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Soares y Guachiré son responsables de la compra sobrefacturada de alimentos, entre ellos coquitos. En ese sentido, el presunto perjuicio patrimonial al Estado con la compra es de G. 1.224.976.100.
