Alrededor de 150 familias fueron desalojadas el martes pasado del mismo sitio, en el Departamento de Canindeyú, mediante un operativo que incluyó a 1.000 efectivos policiales. Los ocupantes regresaron a la propiedad, en el distrito de Curuguaty.
El fiscal Lucrecio Cabrera se constituyó en el sitio ante la situación y advirtió a los ocupantes que ordenará la captura de quien ingrese al inmueble.
Se trata de unas 1.200 hectáreas reivindicadas por la firma Campos Morombi, que según el representante del Ministerio Público cuenta con el título de propiedad.
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Por su parte, Ramona Núñez, dirigente de la comisión General Artigas, asegura lo contrario. “Esta tierra es nuestra, nosotros decimos que es de los paraguayos, no vamos a permitir que otros ingresen a este sitio que ocupamos desde hace un año”, manifestó.
Los ocupantes realizan los trabajos de reconstrucción de las precarias viviendas que fueron destruidas días atrás.