La imputación fue presentada por el equipo de fiscales conformado por Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, este último muy cuestionado durante su participación en la causa que investigaba al ex presidente de la República Mario Abdo Benítez por supuesta revelación de secretos denunciado por Horacio Cartes.
El requerimiento del Ministerio Público fue comunicado en la víspera a un juez penal de Garantías y cayó en manos del magistrado Humberto Otazú, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
La Fiscalía solicitó al juez decretar una medida cautelar para el ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP) en el gobierno pasado para prevenir el peligro de fuga u obstrucción a la investigación. Plantearon medidas menos gravosas y suspensión de la ejecución de la prisión preventiva.
El ahora precandidato colorado a la Presidencia de la República es sindicado del supuesto perjuicio patrimonial de G. 6.924.624.006, suma que se había abonado por el Estado para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora, del Departamento Central, los cuales fueron demolidos durante su administración.
El otro monto perjudicado es de G. 8.030.693.029, correspondiente al pago a la empresa contratista Mota Engil Ingeniería y Construcción SA en concepto de trabajo acordados en el Acta de Entendimiento, que se habrían imputado a la suma provisional para obras y gastos de contingencia.
Fiscalía pide sobreseer al anterior ministro de Obras por el caso Metrobús
Por otro lado, el mismo grupo de fiscales pidió el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Horacio Cartes, junto a la ex viceministra de Finanzas Marta Benítez, en el marco de la investigación del fallido proyecto del Metrobús.
Ya habían sido sobreseidos provisionalmente. En ese entonces, el mismo equipo de fiscales que imputó a Wiens -Silva, Adle y Grisetti- solicitaron dicha medida contra los acusados por “falta de certeza” en la causa y pidieron realizar una nueva pericia para requerir nuevos informes sobre el supuesto perjuicio patrimonial al Estado paraguayo.
Según ellos, al analizar las pruebas, tanto de la Fiscalía como de la defensa, había dos pericias contradictorias. En una decía que existía un perjuicio patrimonial por la suma de G. 180.030.528.699, y en la otra, que no existe perjuicio patrimonial. Con ello, alegaron que había duda respecto al tema.
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El propio juez Humberto Otazú les dio luz verde y levantó las medidas cautelares que pesaban sobre los procesados, ya que cada uno tenía un embargo sobre sus bienes por la suma de G. 36.000 millones, de acuerdo con la resolución.
Esto se resolvió el 7 de marzo de 2025 y a partir de esta fecha, la Fiscalía tiene el plazo de un año para reabrir el proceso, el cual se cumplirá dentro de tres semanas. En el transcurso de este periodo se planteó la imputación al precandidato presidenciable Arnoldo Wiens.
No obstante, este tiempo podía servir para realizar varias diligencias solicitadas, para luego acusar a Jiménez Gaona y Benítez, o en su caso, requerir el sobreseimiento definitivo de los dos procesados.
En esta ocasión, los fiscales pidieron reabrir la causa contra Jiménez Gaona, pero para pedir su sobreseimiento.
Dijeron que el valor de la obra ejecutada hasta el ámbito de responsabilidad de Jiménez Gaona y Benítez Morínigo, “hace que una eventual afirmación de un perjuicio patrimonial no solo sea dogmáticamente errónea, sino fácticamente insostenible”.
Alegaron que no existió “resultado lesivo, la conducta deviene atípica, tomando en consideración que en nuestro ordenamiento jurídico el hecho punible de Lesión de confianza es un delito doloso de resultado”.
Uno de los fiscales, Giovanni Grisetti, es hijo de la ex asesora durante la presidencia de Horacio Cartes, Ramona Elva Valiente de Grisetti.
