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Sindicato denuncia ante Fiscalía obras inconclusas en escuelas

Directores de instituciones públicas del país presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por el caso de incumplimiento de obras en escuelas por parte de la empresa EISA.

El Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas (Sinadi) presentó este viernes una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por el caso de las obras que están paradas desde el 2019 en 79 escuelas a nivel país y que debían ser ejecutadas por la empresa contratista Estructura Ingeniería SA (EISA), que ya cobró un millonario monto.

“Solicitamos una urgente intervención e investigación de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades y castigo ejemplar para los culpables, si los hubiere, considerando que el derecho a la educación es un derecho básico universal y está tipificado en la Constitución Nacional”, señalaron los directores agremiados en el Sinadi, en el escrito dirigido a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

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Además, indicaron que, en caso de que se compruebe el hecho, hasta puede ser calificado de “criminal”, teniendo en cuenta la pandemia del Covid-19, que para ellos es un tiempo en el que las instituciones educativas “deben dar garantías en términos de infraestructura edilicia y de bioseguridad”.

En contacto con Última Hora, Miguel Marecos, presidente del Sinadi, manifestó que presentaron la denuncia de forma innominada porque "tienen sus dudas" y que lo que realmente quieren es que haya celeridad para resolver el caso. "Si dejamos que se judicialicen entre ellos (el MEC y la constructora), el proceso va a durar muchos años y lo que queremos es una pronta solución", sentenció el educador.

Según informó el jueves el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pese a que la firma ya cobró unos G. 6.475 millones en concepto de adelanto por obras de ampliación en 79 instituciones educativas del país, no entregó ninguna hasta ahora. Algunas de las obras no concluyeron y en 44 ni siquiera se iniciaron.

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No obstante, desde el MEC señalaron que en 2021 se dictaminó la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria y que el caso ya está judicializado.

El incumplimiento afecta a 24.500 estudiantes de distritos de Canindeyú, Concepción, Presidente Hayes y San Pedro, además de estudiantes de 19 instituciones de Alto Paraguay. La empresa privada fue adjudicada con cinco lotes de una licitación pública.

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