En un contexto donde la demanda eléctrica crece a un ritmo del 6% anual, la reciente Ley 7599 se posiciona como una herramienta disruptiva para el mercado energético local. En una entrevista exclusiva, el ingeniero Eduardo Viedma, presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), analizó el potencial de esta legislación, que permite a los usuarios privados convertirse en cogeneradores y vender el excedente de su producción a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
La normativa permite que la generación eléctrica deje de ser exclusivamente estatal, abriendo la puerta a inversiones privadas. Uno de los puntos más atractivos para el ciudadano común es el incentivo fiscal: la ley prevé que, por un periodo de cinco años, todos los productos relacionados con la generación eléctrica (paneles, baterías, inversores) estén exentos de aranceles aduaneros.
Según Viedma, esto podría representar una reducción de entre el 18% y el 25% en los costos de instalación, haciendo que el mercado sea mucho más competitivo frente a fuentes tradicionales de respaldo como los generadores a combustión.
COSTOS. El profesional explicó que los costos de instalación dependen en gran parte del sistema elegido. Por un lado, mencionó el sistema con baterías (off-grid / híbrido), el cual está diseñado para funcionar durante cortes de luz. Para una casa promedio en Asunción, cubriendo consumos básicos (heladera, iluminación, microondas, pero sin acondicionadores de aire), la inversión ronda los USD 10.000. El costo se eleva debido a que las baterías son el componente más caro y con menor vida útil, según detalló.
Por otro lado, se encuentra el sistema On-Grid (inyección a la red). El ingeniero explicó que este sistema no utiliza baterías, sino que está conectado directamente a la red de la ANDE. Permite consumir energía solar de día e inyectar el sobrante a la red, pagando a fin de mes solo la diferencia. Para el mismo hogar promedio, el costo desciende drásticamente a unos USD 2.500. “El sistema on-grid permite que uno pague solo la diferencia de lo que consume y lo que produce, funcionando como un descuento importante”, explicó.
La reglamentación registra unos seis meses de retraso
A pesar del optimismo por el “espíritu de la ley”, existe una preocupación latente: la falta de reglamentación. Viedma señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lleva seis meses de retraso en la entrega de los lineamientos técnicos necesarios para aplicar la ley.
Para el experto, la viabilidad hoy es real, pero limitada a sectores donde la red no llega o como una inversión de mediano plazo para quienes buscan previsibilidad. Sin embargo, una vez reglamentada la ley y aplicados los beneficios arancelarios, el escenario cambiará.
La energía solar dejará de ser un lujo de nicho para convertirse en una alternativa de ahorro masivo en edificios, industrias y residencias, mencionó el profesional.
La ley permite la instalación de hasta 1 megavatio (MW) por usuario bajo la modalidad de venta directa o descuento, una capacidad suficiente para alimentar a cientos de familias, lo que demuestra que la escala del proyecto puede crecer según la capacidad de inversión de cada hogar.
