Cada usuario del transporte público y cada ciudadano paraguayo no usuario es consciente de la realidad de caos del tráfico, desorden y contaminación que imperan en calles y avenidas, en las ciudades del país.
Una de las respuestas para resolver parte de ese caos tan cotidiano y tan conocido pasa, sin lugar a dudas, por una reforma del sistema de movilidad y transporte público, ya que como es bien sabido, debido a que padecemos un sistema de transporte obsoleto y que no satisface las necesidades de las personas, estas deben resolver su problema de movilidad adquiriendo vehículos particulares.
En el área metropolitana de Asunción, menos del 7% de los viajes se realizan en transporte público, por eso estamos inundados por motocicletas, vehículos particulares y servicios de plataformas; como señala un estudio del Banco Mundial, en el área metropolitana de Asunción, donde vive el 34% de la población total, se concentra casi el 50% del parque automotor y son más de 1.500.000 vehículos que circulan por las calles y avenidas, y aportan no solo al colapso, sino también sobre todo a la contaminación y los accidentes.
Una reforma integral del transporte público debería considerar, en primer lugar, la realidad que padecen los usuarios, una realidad de precariedad y de humillaciones diarias y, al mismo tiempo, las condiciones que sufren los ciudadanos que no son usuarios, precisamente porque este no es apto para sus necesidades. Porque en la calle, todos padecemos el mismo caos.
En segundo lugar, la reforma debe incluir una profunda mirada al actual sistema, un sistema manejado por las empresas de transporte que cada año presionan al Gobierno con paros porque exigen pagos millonarios en concepto de subsidios, pero nunca dan respuestas ni soluciones a los malos tratos a pasajeros ni por las reguladas normalizadas ni por el mal estado de las unidades.
Entre las cuestiones que merecen respuestas en cuanto al promocionado proyecto de ley del Ejecutivo se pueden mencionar la falta de datos sobre el financiamiento, los mecanismos para la fijación del precio del boleto. Y si el Estado seguirá subsidiando el servicio. No existe seguridad de que el plan contemple un servicio de 24 horas, como tampoco contempla a las ciudades del interior, por lo que se centra nuevamente en la capital y sus alrededores, como si el resto del país no existiera.
Las antiguas y cada tanto renovadas promesas de incorporar miles de buses eléctricos siguen pendientes, aunque en realidad no sean una solución, pues estas unidades se van a sumar al caos actual, sin marcar una verdadera diferencia.
Respecto al subsidio, el viceministro del Transporte había asegurado que la reforma contempla que el Estado deberá seguir subsidiando a las empresas operadoras del transporte y también deberá comprar buses. Y, como respuesta, el senador liberal Líder Amarilla aseguró que el proyecto de ley va camino al fracaso, ya que persigue un mismo modelo y sistema. “No se reestructura nada, se da más plata a los empresarios. El problema es que en cada estructura hay corrupción. Se deja en claro de que el subsidio no se termina y son USD 40 millones al año”, dijo. (ÚH Julio 21, 2025).
La información oficial dice que el objetivo es la implementación de un sistema de transporte urbano que garantice la accesibilidad y movilidad de la ciudadanía mediante el aumento de capacidad del sistema y mejoramiento de la calidad del servicio y que se reducirán los tiempos de espera y viajes, seguridad, calidad y menor gasto para el usuario. Lamentablemente, el plan gubernamental no convence, y con discursos e improvisaciones no se hará realidad el anhelo ciudadano de una movilidad que sume calidad de vida.