En la primera reunión de la comisión de investigación sobre títulos universitarios falsos, por consenso, se propuso que el senador Patrick Kemper asuma la presidencia, en el marco de la conformación de la Mesa Directiva. Asimismo, la vicepresidencia fue planteada para la senadora Esperanza Martínez y la relatoría para Dionisio Amarilla, en un esquema que fue acompañado sin objeciones.
Durante la sesión, se constató la presencia de las senadoras Lizarella Valiente, Esperanza Martínez, Celeste Amarilla, Yolanda Paredes y el senador Dionisio Amarilla, entre otros integrantes. Se registró la ausencia de los senadores Derlis Maidana, Juan Carlos Galaverna, Zenaida Delgado y Rafael Filizzola, aunque este último participó de forma virtual.
La comisión fue conformada tras el escándalo desatado en torno a la Universidad Sudamericana con la emisión de títulos presuntamente falsos, entre ellos el del ex senador Hernán Rivas, quien se vio obligado a renunciar al cargo legislativo para continuar con su proceso judicial.
“El único pedido especial es que hagamos el trabajo. Hay mucha expectativa de la gente. Hay muchas denuncias ya que nos están acercando. Y bueno, todos tenemos la predisposición de trabajar y dar resultados a la ciudadanía. Es un tema de mucha gravedad política, institucional, en el ámbito de la educación superior”, manifestó Esperanza Martínez.
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Convocatorias
Kemper informó que la comisión especial iniciará una serie de convocatorias a autoridades del sector educativo, organismos de acreditación y representantes de universidades públicas y privadas para investigar el funcionamiento de la educación superior en el país.
Explicó que el trabajo tendrá una duración inicial de seis meses y concluirá con un informe que incluirá recomendaciones para fortalecer los controles, además de posibles propuestas legislativas y medidas que podrían ser implementadas por las instituciones competentes.
En el plano del debate político, varios senadores destacaron la magnitud del problema que abordará la comisión, advirtiendo sobre posibles casos de falsificación, emisión irregular y uso indebido de títulos académicos en distintos ámbitos de los sectores público y privado.
Dionisio Amarilla planteó la necesidad de requerir al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) registros de títulos de los últimos años, así como convocar a universidades, institutos y organismos de control.
También se propuso habilitar canales de denuncia ciudadana y conformar un equipo técnico especializado para sistematizar la información, con el objetivo de elaborar un informe final que incluya recomendaciones legislativas y eventuales derivaciones al Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y otras instituciones competentes.
El debate incluyó además reflexiones sobre el impacto institucional del fenómeno, con advertencias sobre el daño a la credibilidad del sistema educativo y la administración pública, así como el compromiso de los legisladores de avanzar con transparencia, incluso sometiendo sus propios antecedentes académicos a revisión como gesto de apertura.
La senadora Lizarella Valiente advirtió que el uso de títulos académicos falsos o irregulares para obtener beneficios laborales o económicos en la función pública constituye una posible estafa al Estado, por lo que consideró que el caso debe ser derivado al Ministerio Público.
Señaló que el problema no solo afecta a la ciudadanía, sino también a quienes realizaron un esfuerzo real para obtener una formación universitaria, invirtiendo tiempo, dinero y sacrificio. En ese sentido, sostuvo que la eventual utilización indebida de títulos para acceder a bonificaciones o ventajas institucionales agrava la situación.
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Afirmó también que los integrantes de la comisión podrían exponerse a riesgos personales. “También he considerado mi integridad física porque eventualmente tengo denuncias con nombre y apellido. Y hago público porque nosotros nos exponemos a que eventualmente nos dañen físicamente”, expresó.
Complejidad
La senadora Blanca Ovelar advirtió que la investigación sobre la presunta falsificación y uso irregular de títulos académicos constituye un tema “altamente complejo” y de gran sensibilidad institucional, al señalar que incluso podría implicar riesgos para la seguridad de los legisladores. En ese sentido, sostuvo que el proceso no debe reducirse a un “simulacro” ni derivar en intentos de encubrimiento, sino en una pesquisa seria y rigurosa para esclarecer la magnitud del problema.
Ovelar afirmó que la falsificación de títulos no es un fenómeno reciente, sino que existen antecedentes históricos de larga data, agravados en la actualidad por la vulneración de los sistemas de control en la era digital.
Destacó que es un tema que desacredita la imagen académica de nuestro país. “Esto pone por el suelo nuestra imagen. La fama se está extendiendo, estamos tirando por el suelo cien años de historia, los médicos paraguayos capacitados que han sido de la Universidad Nacional de Asunción que ganaron un prestigio en el Conosur, en hospitales y en referencias regionales, hoy están en alerta”, manifestó.
El senador Dionisio Amarilla propuso como primera medida dentro de la Comisión Especial de Investigación someter a verificación los antecedentes académicos de todos los legisladores, como una señal de transparencia institucional. Planteó que tanto senadores como diputados abran sus fojas académicas para ser revisadas “hasta el último detalle”, incluyendo estudios de grado y posgrado.
Asimismo, extendió la propuesta de control a autoridades departamentales y municipales, como intendentes, concejales y gobernadores, al señalar que el uso irregular de títulos podría estar presente en distintos niveles del Estado. En ese sentido, sostuvo que el objetivo inicial debería ser establecer un diagnóstico amplio sobre la validez de los diplomas utilizados en la función pública en todo el país.
Sudamericana
Ante la sugerencia de Amarilla, tanto Esperanza como otros legisladores propusieron iniciar la investigación con la Universidad Sudamericana, donde sabemos que se han emitido 2.550 títulos en tres años, en 20 carreras, de las cuales solo en Derecho hay 400, y allí están las personas que ocupan cargos públicos.
Celeste Amarilla se molestó con la propuesta de su colega liberal y pidió que se inicie la investigación con la Universidad Sudamericana. Asimismo, señaló que si es necesario que verifique la Universidad Uninorte de donde ella obtuvo el título de abogada: “Intervengan a la Uninorte, averigüen mi título. No hay problema. Pero me parece que no es el objetivo ver si Lizarella, o Yolanda, o Esperanza. Ese es otro jueguito que vos podés hacer. Pero yo no me voy a quedar en una comisión donde sea absolutamente para tirarnos piedra a nosotros, para salir en el diario”, indicó.
Dionisio Amarilla indicó que no mencionó la idea de investigar a las universidades, sino del registro de diplomas del Ministerio de Educación y Ciencias y habló de una “aprehensión que demuestra la senadora”.
“Usted tiene la lengua muy suelta”, espetó Dionisio Amarilla a Celeste, quien luego le dijo: “Andá, denunciame o soy el objetivo de esta comisión”, expresó.
