La senadora Esperanza Martínez presentó un proyecto de resolución que plantea la conformación de una comisión especial de investigación para abordar la problemática de la falsificación de títulos académicos. El objetivo central es indagar sobre la emisión, comercialización y uso de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior y formación técnica que sean presuntamente falsos o irregulares.
La iniciativa establece que la comisión tendrá carácter transitorio y contará con facultades para recolectar y documentar denuncias, identificando a personas, instituciones y estructuras involucradas. Entre sus principales funciones figuran la identificación de las modalidades de falsificación y validación indebida de documentos, la determinación de responsabilidades incluida la eventual participación de funcionarios públicos, instituciones educativas y entidades privadas, y la evaluación del impacto social y económico de estas prácticas en el sistema educativo, el servicio público y el mercado laboral.
Para el cumplimiento de sus tareas, la comisión podrá requerir informes a universidades, institutos superiores, centros de formación técnica y al Ministerio de Educación y Ciencias, así como convocar a autoridades, expertos y representantes de la sociedad civil, además de solicitar cooperación de organismos nacionales e internacionales. Estará integrada por seis miembros titulares designados por la Presidencia del Senado y tendrá un plazo de funcionamiento de 180 días, prorrogables por decisión del pleno.
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Una vez concluidos los trabajos, el órgano deberá emitir un informe final con recomendaciones, que será remitido a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a fin de impulsar eventuales acciones legales. El proyecto cuenta con el respaldo de varios legisladores, entre ellos Celeste Amarilla, Rafael Filizzola, Blanca Ovelar y Ever Villalba.
“Creo que hay una situación ya calamitosa, de descontrol, y de alta gravedad, porque las personas que salen con estos títulos aparentemente falsos o amañados, terminan ocupando instancias del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y están haciendo tareas, en el caso del Poder Judicial, que posteriormente pueden ser cuestionadas por nulidad si se demuestra que estos títulos son falsos en el sentido del contenido de estos títulos”, manifestó la senadora Esperanza Martínez.
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Sostuvo que existen indicios de irregularidades como carreras culminadas en plazos imposibles o títulos obtenidos antes de completar la educación media, lo que evidenciaría un “sistema estructurado” con participación de sectores públicos y privados.
En ese contexto, vinculó el caso con figuras como Hernán Rivas, al considerar que podría tratarse de “la punta del iceberg”, de una red más amplia que intentará ocultar información.
Al ser consultada sobre el caso de Yamil Esgaib, precisó que se verá el caso y que el enfoque inicial debe centrarse en las instituciones que habrían facilitado la emisión irregular de títulos.
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La legisladora insistió en la necesidad de “desmantelar” estas estructuras y remarcó que “la educación es un derecho, no un negocio”, cuestionando a quienes lucran con la expedición de títulos sin respaldo académico. Alertó además sobre el impacto internacional del problema, al señalar que Paraguay corre el riesgo de convertirse en “el hazmerreír de la región”.
Explicó que la comisión trabajará con un equipo técnico reducido, priorizando la eficiencia en la recopilación de datos, y evitó adelantar eventuales consecuencias penales, aunque no descartó que los resultados puedan derivar en acciones ante el Ministerio Público.
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Durante la reunión de la Mesa Directiva, la senadora Esperanza Martínez solicitó que el punto sea abordado sobre tablas en la sesión del miércoles y Basilio Núñez autorizó que ingrese en el orden del día.
