El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, informó que este lunes se reunirán con el jefe de Gabinete de la Presidencia , Hernán Huttemann; el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; el ministro de Salud, Julio Borba, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
La convocatoria es para que asistan a la reunión de líderes de bancadas y la mesa directiva para que expliquen sobre los punto más importantes del proyecto de ley que ya tiene mesa de entrada en el Senado, informó la periodista de Última Hora Diana González.
“El lunes, en la reunión de líderes de bancada y mesa directiva, vamos a darles la oportunidad para que ellos nos expliquen un poco los alcances de este proyecto de ley”, dijo a los medios el parlamentario.
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Dijo que ya escuchó a algunos compañeros, pero que también es importante saber qué piensan los que presentaron el proyecto y a partir de ahí analizarán los senadores en sus comisiones.
“No quiero opinar sobre algo que no he leído. Por eso pedimos a los proyectistas que expliquen los alcances de la ley”, se limitó a decir el oficialista. No obstante, mencionó que “a priori cree que es conveniente endurecer un poco más las medidas”.
Esta semana el Poder Ejecutivo presentó la propuesta de reforma de la Ley de Emergencia Sanitaria que busca establecer sanciones con penas privativas de libertad a funcionarios responsables de la inmunización irregular o que trafiquen con las vacunas.
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En el caso de que un funcionario que, valiéndose de su cargo o posición, lograse o intentase que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación contra el Covid-19, será pasible de una pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años.
Mientras que las personas que hurtan vacunas para su posterior comercialización se exponen a penas de dos a seis años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El proyecto también plantea un nuevo régimen sancionatorio para quienes incumplan las normas de emergencia sanitaria con sanciones que van desde cinco hasta 300 jornales mínimos. El Ejecutivo aseguró que se trata de una ley temporal dirigida al combate al Covid-19 y que una vez que la emergencia culmine, la ley quedará sin efecto.
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No obstante, Rubén Galeano, ex presidente del Colegio de Abogados y titular del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, advirtió que el documento “establece la irrecusabilidad; es decir, no se puede recusar al juez sumariante, quien a su vez va a investigar y juzgar las actuaciones que él mismo llevó adelante, violando con esto la garantía del juez independiente e imparcial”.
En el mismo sentir, la diputada Kattya González afirmó que la propuesta servirá solo para sancionar a ciudadanos y no a corruptos que están en el Poder Ejecutivo. Y alertó que otras sanciones se podrían dar mediante decretos una vez aprobada la ley.
