El juicio oral y público contra Selva Elizabeth Portillo Rodas, conocida como Selva Hũ, y su pareja, el concejal municipal de Villa Ygatimí Gustavo Franco Agrial, ingresó en una etapa decisiva ante el Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá.
El proceso está relacionado con la presunta tenencia de sustancias estupefacientes y armas de fuego. El fiscal de la causa, Juan Benegas, anunció que el Ministerio Público solicitará la pena máxima que corresponda conforme a los hechos atribuidos a los acusados y las pruebas presentadas durante el debate.
Las audiencias se desarrollan de manera telemática, modalidad adoptada para agilizar el juzgamiento y avanzar hacia una resolución definitiva. Se espera que la producción de pruebas y los alegatos finales concluyan próximamente, para posteriormente dar paso a la deliberación y lectura de la sentencia.
El Tribunal de Sentencia está presidido por el juez Gustavo Villaverde e integrado además por los magistrados Benito González y Cinthia Espínola.
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Detención e incautación de evidencias
Selva Portillo y Gustavo Franco fueron detenidos el 22 de agosto de 2024 durante un operativo realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en un camino vecinal de Villa Ygatimí. Otras personas también quedaron demoradas durante el procedimiento.
Según los informes difundidos en aquella ocasión, los intervinientes incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, un fusil calibre 5.56, cargadores, numerosas municiones y sustancias que serían marihuana y hachís.
A partir de estas evidencias, ambos fueron procesados por supuestos hechos vinculados con la tenencia de sustancias ilícitas y armas de fuego. La responsabilidad penal de los acusados será determinada por el Tribunal de Sentencia tras analizar el conjunto de elementos producidos durante el juicio.
Otra investigación por presunto sicariato
Además de este proceso, Selva Portillo se encuentra vinculada a otra causa por un supuesto hecho de sicariato. En abril de 2024, la Fiscalía había ordenado su detención en el marco de la investigación por el asesinato de su padrastro, Pedro Fernández Martínez, ocurrido en noviembre de 2023.
El Ministerio Público también había mencionado sospechas sobre su posible participación en otros hechos violentos registrados en el Departamento de Canindeyú. Esta investigación se tramita de manera independiente y, mientras no exista una sentencia firme, rige la presunción de inocencia.
