El proyecto de ley que modifica el artículo 216 del Código Penal fue estudiado este jueves por la Cámara de Senadores en una sesión ordinaria y enviado al archivo por mayoría de votos.
Se trata de la propuesta legislativa presentada por el senador Enrique Riera y acompañada por otros siete legisladores del Partido Patria Querida (PPQ) y del Movimiento Honor Colorado, que pretende criminalizar el cierre de rutas.
El proyecto fue rechazado por una mayoría de 26 senadores, en tanto que 13 votaron por la aprobación y seis estuvieron ausentes.
El documento establecía una pena de seis años de cárcel en caso de que se cierre, obstruya o demore la libre circulación de personas y bienes por las rutas nacionales o internacionales o cualquier otra vía pública de tránsito y eleva a seis años si hay violencia.
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Las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y de Derechos Humanos, que en su mayoría están integradas por senadores de la oposición, aconsejaron el rechazo.
Argumentaron que la iniciativa supone una restricción del derecho a la manifestación y puede distorsionar y afectar otros derechos más.
Enrique Riera, por su parte, aseguró que no vulnera el derecho a la protesta y sostuvo que “sus adversarios ideológicos” pretenden “mandar” un mensaje que se confunde con la emoción.
Tras las críticas, propuso un cambio en el texto original señalando penas de tres años por los cierres de rutas, pero aclaró que “en caso de violencia” que sea de seis años.
El patriaqueridista Fidel Zavala, otro de los proyectistas, afirmó que “no se está creando una nueva tipificación”. “El delito ya está tipificado, lo que vamos a cambiar son las penas, para que órganos de seguridad tengan un mensaje claro”, vertió. “Es mentira que se va a criminalizar”, agregó.
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Oposición califica el proyecto como “aberrante”
Por su parte, Carlos Filizzola, del Frente Guasu, objetó la iniciativa y rechazó que se criminalicen las luchas sociales. “En vez de ir a buscar los problemas que desencadenan las protestas, pero eso no les interesa a las personas que están haciendo esta ley”, exclamó.
Legisladores de la misma bancada, como Hugo Richer, Miguel Kencho Rodríguez y Esperanza Martínez, secundaron al parlamentario. Calificaron el proyecto de ley como “aberrante” y “muy temeraria”.
Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista, cuestionó el proyecto con fotos de diferentes manifestaciones sobre la vía pública, del personal de blanco, de mujeres contra la violencia, estudiantes, campesinos, funcionarios públicos, la ciudadanía, entre otros.
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Argumentó que todos estos sectores marcharon en su momento cerrando la vía pública y que por ende se pretende “asustar” con la penalización del cierre de rutas.
“Se busca imponer un modelo internacional”
A su turno, el colorado Sergio Godoy, otro de los proyectistas, criticó que se quiera “invocar a la pobreza” para no punir “los delitos cometidos por otros”. Indicó que estas medidas de fuerza corresponden a “un modelo que se impuso internacionalmente”.
La senadora Georgia Arrúa coincidió con el parlamentario colorado y además solicitó para votar por la postergación del estudio, pero la mayoría se mostró a favor de seguir analizando y culminar su tratamiento en la fecha.
El senador de Patria Querida, Stephan Rasmussen, remarcó que los que votan por el rechazo y no por la postergación están a favor de la extorsión.
“Hay colegas que están a favor de la extorsión, creo que es un debate importante. Hay muchos cierres de rutas que son extorsivos y no se trata de derechos humanos”, manifestó el senador Rasmussen.
