El allanamiento realizado el lunes 15 de diciembre en el local de la firma Camping 44, en el marco del Operativo Sericeo, dejó al descubierto inconsistencias en el registro de unas 89.000 municiones, que no se encontraban reflejadas en el sistema de trazabilidad al momento del procedimiento. A raíz de esta situación, se inició una reverificación administrativa y técnica, llevada a cabo en la tarde noche del miércoles, a pedido de la propia empresa.
De acuerdo con la información confirmada por Diego Kemper, representante legal de Camping, la inconsistencia fue detectada el lunes pasado por agentes de la Digemabel. En la fecha se realizó el allanamiento, encabezado por el Ministerio Público y fuerzas de seguridad, lo que motivó la incautación de documentos y soportes informáticos para contrastar los datos físicos con los registros oficiales de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).
El operativo encabezado por el Ministerio Público puso nuevamente bajo la lupa al comercio legal de armas en Paraguay. Kemper, en tanto, sostiene que la importadora no está siendo parte de una investigación y que se trata de un procedimiento de rutina.
El lunes 15, en el marco del denominado operativo Sericeo, fue allanado el local de la firma Camping 44, en una causa que investiga un presunto esquema de tráfico internacional de armas y municiones con ramificaciones en Brasil.
El procedimiento se activó tras una alerta vinculada a la incautación, en territorio brasileño, de 23 armas de fuego tipo pistola, que habían sido importadas legalmente al Paraguay por la empresa Camping 44, pero que posteriormente salieron del circuito formal. Las armas fueron detectadas por autoridades brasileñas en distintos operativos, lo que encendió las alarmas sobre su trazabilidad y destino final.
Según fuentes de la investigación, las armas incautadas en Brasil corresponden a lotes que ingresaron al país a través de la importadora paraguaya, lo que derivó en una solicitud de cooperación internacional y en la apertura de una causa penal en Paraguay por presunto tráfico de armas y asociación criminal.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía ordenó el allanamiento del local comercial y dependencias administrativas de Camping 44, donde se incautaron documentos, equipos informáticos y registros de ventas. En paralelo, se procedió a la detención de un gestor y de una ex gestora de la firma, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para prestar declaración indagatoria.
De acuerdo con los primeros informes, la empresa habría solicitado a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) una reverificación de unas 89.000 municiones que, según los registros oficiales, no figuran en el sistema de trazabilidad.
Esta inconsistencia alimenta la hipótesis de que parte del material bélico pudo haber sido desviado del circuito legal hacia mercados ilegales.
Las fuentes señalan que el sistema de control y trazabilidad de armas y municiones es clave para determinar responsabilidades.
El Operativo Sericeo no solo apunta a responsabilidades individuales, sino que expone fallas estructurales en el control del comercio legal de armas, por su potencial vínculo con el crimen organizado transnacional.
Investigadores no descartan que las armas incautadas en Brasil hayan sido revendidas o desviadas mediante documentación irregular o maniobras administrativas que permitieron “blanquear” su salida del país.
Desde el Ministerio Público indicaron que la causa se encuentra en una etapa inicial, pero que se avanza en el cruce de información con autoridades brasileñas para reconstruir el recorrido de cada arma y determinar si existen más lotes comprometidos.
Por su parte, Diego Kemper, representante legal de Camping 44, sostuvo, en declaraciones al diario Última Hora, que del faltante de 23 armas y 89 mil municiones, “las armas observadas ya fueron localizadas” y que la empresa se encuentra colaborando plenamente con las autoridades.
Según explicó, el proceso actual se centra en ubicar y conciliar las 89.000 municiones con los registros administrativos, en el marco de la reverificación solicitada ante Digemabel tras el allanamiento.
