10 mar. 2026

Postergan para marzo el juicio para Armando Gómez

UHSUC20251218-042b,ph01_1520.jpg

Defensa. Armando Gómez (der), ex intendente de Lambaré.

ARCHIVO

El juicio para el ex intendente de Lambaré, Armando Gómez, que debía iniciar ayer se postergó para el 16 de marzo del 2026. Es en la causa en la que se sospecha que hubo un “esquema criminal” que habría anulado facturas por un valor de G. 9.317 millones a través del sistema informático. El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Elsa García pospuso el juzgamiento para el siguiente año por un pedido de la defensora pública Fernanda Laíno, quien acaba de tomar intervención en el caso.

Además de Armando Gómez, también enfrentarán juicio oral Roberto Paredes (ex director de Administración y Finanzas); Rodrigo Portillo Chirife (jefe de Tesorería); Édgar Iván Villalba (director interino de Gestión Tecnológica); y Ricardo Ricciardi (funcionario de Gestión Tecnológica).

¿LA SOSPECHA? Según la Fiscalía, la estructura dentro de la Municipalidad de Lambaré estuvo encabezada aparentemente por el intendente.

“Se ideó un plan para hacerse de parte de las recaudaciones que ingresaban a la Municipalidad en concepto de impuestos, diseñando un sistema de anulación de facturas, retención de depósitos en tesorería y remisión tardía a los bancos”, dice la Fiscalía.

El plan consistía en que Portillo, como tesorero, pasaba las recaudaciones diarias al director de Finanzas y este le señalaba los montos a ser sustraídos. Finalmente, el jefe de Tesorería le avisaba a Édgar Villalba para que proceda a anular facturas en el sistema informático.

MODUS OPERANDI. Una vez que el contribuyente hacía el pago correspondiente, se le entregaba el comprobante de ingreso original por el pago de su impuesto. Posteriormente, al concluirse el horario laboral, se anulaban estos en el sistema informático, por usuarios que tenían el permiso para dicha operación.

Así, esos importes no ingresaban a las arcas de la Municipalidad, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía. Se anulaban por día entre G. 20, G. 30 o hasta G. 40 millones.

En total, se anularon 6.390 facturas, por un valor de G. 9.317 millones.

Más contenido de esta sección
“Como Estado estamos en falta”, afirmó Elida Favole, directora de Género de la Fiscalía. Además, advirtió que “tenemos un retroceso y además una reticencia a abordar los hechos de violencia”.
Pobladores del barrio San Miguel de la ciudad de Areguá viven en zozobra, ya que denuncian la proliferación de adictos en la zona, la falta de seguridad y de limpieza de patios baldíos.
La retractación de una víctima de violencia tiene “un altísimo porcentaje”, lo que dificulta el proceso, lamenta la fiscala Estela Mary Ramírez. Advirtió que en zonas rurales pueden existir subregistros por normalizar la violencia.
Una investigación académica revela que los operativos realizados por las autoridades de seguridad evidencian que se prefiere la destrucción de ciertos cultivos con una “actuación selectiva del poder penal”.
El médico forense del Ministerio Público Juan Saldívar fue detenido en un operativo encubierto, cuando recibía parte de los G. 15 millones que le habría pedido a uno de sus funcionarios para no denunciarlo penalmente por faltas administrativas. Hay sospechas de que cometió extorsión y cohecho pasivo agravado (coima).
Un Tribunal de Sentencia de Luque condenó a cuatro años de cárcel a una mujer de 55 años que cometió actos sexuales en contra de su propio nieto, cuando este tenía tan solo cinco años. El hecho ocurrió en el 2022, en una ciudad del Departamento Central.