Lansac explicó que se llegó a esta decisión atendiendo a que las obras, que debían financiarse con el bono G8 (G. 360.000 millones), siguen inconclusas a casi un año de que iniciaran. La zona afectada comprende las calles Nuestra Señora del Carmen y Juan XXIII, cerca de 300 metros que siguen sin culminarse tras la palada inicial, registrada en marzo del año pasado.
El objetivo central de los vecinos, como indicó el abogado, es “presentar un amparo solicitando una medida cautelar donde la Justicia le ordene a la Municipalidad la finalización de los trabajos”, debido a que el proyecto “ya superó con creces el plan original de obras y no hay respuesta para los vecinos, que están en una situación muy delicada”.
La problemática afecta de manera directa la calidad de vida y el acceso básico a las viviendas de los frentistas, quienes se ven impedidos de utilizar sus propios medios de transporte. Esta situación se agrava con cada lluvia, ya que la falta de terminación de los trabajos provoca una erosión constante del terreno que pone en riesgo las propiedades privadas.
Lea más: Desagüe de Santo Domingo: Basura acumulada, derrumbes, agua sucia y mosquitos perjudican a vecinos
Al respecto, Lanzac señaló que con “cada lluvia se desmorona más (la zona) y ya está afectando las veredas y algunas casas, en específico la parte estructural de las murallas”.
A esto se suma que, tras las precipitaciones, los vecinos pudieron corroborar la presencia de agua servida y olores nauseabundos en la zona afectada. En contacto con Última Hora, indicaron además que el agua potable sale con baja presión y de mala calidad.
También, refirieron que la cantidad de mosquitos se duplicó, atendiendo a que el ecosistema que formaba parte del arroyo Santo Domingo se vio arrasado en el desarrollo de las obras de desagüe.
En el área de Nuestra Señora del Carmen inclusive ya se puso en venta una casa.
El equipo jurídico, de acuerdo con el abogado Lanzac, ya cuenta con el respaldo documental necesario, incluyendo fotografías, videos y el cronograma original de la obra, el cual data del 27 de marzo del año pasado, para sustentar el reclamo ante los tribunales esta misma semana.
La urgencia de la medida cautelar radica en prevenir daños mayores, dado que el desgaste del terreno está alcanzando niveles críticos en las estructuras de las viviendas, según manifestaciones de los vecinos.
Desvío de bonos y “reposición” con el dinero de los contribuyentes
El dinero que debía usarse para las obras en Santo Domingo forma parte del bono G8 (G. 360.000 millones), emitido en 2022 y desviado por la administración del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez, para uso de salarios y otros gastos irregulares, según el informe de la intervención.
El gabinete del nuevo intendente, Luis Bello, informó por su parte que el dinero de los bonos se usó en su totalidad, y que se estudia la posibilidad de “reponer” el dinero a través de la recaudación y el posterior pago a las distintas contratistas que se encargan de las obras en proceso de construcción.
Desde la oposición se ha criticado esta decisión atendiendo a que, de cumplirse, serán finalmente los contribuyentes quienes cubran el agujero financiero dejado por Nenecho y sus administradores. El concejal Álvaro Grau manifestó que la gestión de Bello busca “disfrazar” bonos, mientras que el edil Humberto Blasco apuntó a la falta de transparencia de la administración actual, atendiendo a que ahora, según el presupuesto 2026, la cuenta de saldo de bonos fue vaciada.
“Nos dicen que las obras de los contratos financiados con los bonos van a seguir en ejecución, y se van a ir pagando de la cuenta corriente; es decir, la cuenta de bonos ya desaparece. De hecho, el dinero ya no estaba. Lo que correspondía era el reembolso, pero eso ya no es necesario, dicen, porque al desaparecer la Cuenta Única, ya no es necesario que se exponga en el presupuesto cuáles son los saldos del bono pendientes de reembolso”, había explicado el edil.
El ex concejal Federico Franco Troche manifestó que la gestión prevista por Bello “no es una reposición, porque el dinero falta, se perdió y de una manera que tiene una relevancia penal”. Para el arquitecto, la única reparación real ocurriría si los culpables respondieran con su patrimonio.
La diputada Johanna Ortega cuestionó por su parte que se pudiera hablar de reposición, atendiendo, entre otros factores, a la superpoblación de la Municipalidad. “Si con la recaudación se empieza a calzar y a reponer, a hacer esa reposición del dinero de los bonos, ¿con qué dinero se va a quedar la Municipalidad para pagar todos los gastos al día que se están generando con la cantidad de funcionarios y servicios que la Municipalidad debe prestar?”, observó.
